La actividad teatral fue abruptamente paralizada desde el año 2020 y está reactivándose lenta y paulatinamente, por lo que necesita de herramientas contundentes que el Estado pueda brindarle para su subsistencia.
La Defensoría del Pueblo, a través del Programa Derechos Culturales, ha tramitado en los últimos tiempos, decenas de reclamos ante la AGIP a partir de diversas dificultades que las salas de teatro registran al momento de solicitar las exenciones previstas en la ley, y ha colaborado con PROTEATRO y con las asociaciones de teatros, en el análisis de la problemática.
