“Quienes cobren hasta $15.120 estarán protegidos por la tarifa social», dijo el ministro Aranguren y fue el título que publicaron casi todos los medios. Pero al repasar las características más importantes de este nuevo esquema de tarifa social se puede comprobar que el Poder Ejecutivo tomó en cuenta las recomendaciones que realizó esta Defensoría hace algunas semanas.
Se estableció que en el caso de jubilados, pensionados, monotributistas y beneficiarios de pensiones no contributivas, se amplíe el monto mínimo al equivalente a 2 salarios mínimos de trabajadores en actividad, como había reclamado este organismo.
El titular de la cartera de Energía y Minería afirmó también que quedarán incluidos dentro de este criterio quienes sean discapacitados, veteranos de guerra o electrodependendientes. En este último caso, «habrá una ampliación en los kilowatts por hora por mes en la tarifa social, que sube de 150 a 600 KW».
Tal cual había reclamado la Defensoría del Pueblo, se estableció además que quien tenga un auto con antigüedad menor a 10 años está excluido del beneficio, cuando antes eso pasaba a los 15 años.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo contribuyó a que la tarifa social llegue a un universo de beneficiarios mucho mayor, con el objetivo de que todas las personas que la necesitan puedan recibirla.
