El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Alejandro Amor, mantuvo hoy junto a 23 Defensores del Pueblo de todo el país una reunión con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para plantearle la difícil situación que atraviesan las distintas provincias luego de los incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos, y solicitarle la ampliación de la Tarifa Social a todas las entidades sin fines de lucro, clubes de barrio y personas que la necesitan.
En el encuentro, los Defensores le entregaron a Aranguren un petitorio en el que transmiten su «más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios».
Asimismo, subrayan que «los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales. Bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia».
Por ello, le solicitaron:
-Adoptar las medidas necesarias tendientes una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados, convocando a una audiencia pública en todo de acuerdo con lo establecido en el art. 42 CN, readaptándolos a criterios de razonabilidad y justicia, para que la adecuación tarifaria que se pregona sea verdaderamente gradual y progresiva, sin que ello afecte los derechos fundamentales de los usuarios a recibir servicios de públicos indispensables para el desarrollo de una vida digna.
-Ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social en cada uno de los servicios públicos -tal como ya lo hemos peticionado en otras oportunidades- procurando criterios de admisión flexibles y no taxativos, que les permita ser incluidos a todos aquellos que lo necesitan.
-Implementar mecanismos ágiles, eficientes y accesibles, tanto en las empresas prestatarias como en los entes reguladores respectivos, que faciliten las peticiones de los usuarios dirigidas a acceder a los beneficios de la tarifa social.
-Instruir a las empresas prestatarias y a los entes respectivos a adoptar medidas dirigidas a evitar el corte o interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago, debiéndose contemplar otras medidas alternativas para todos aquellos usuarios/as que no puedan afrontar los incrementos establecidos en los nuevos cuadros tarifarios.
-Implementar de manera urgente el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, previsto en la Ley nacional 27.218, para que todas las entidades comprendidas puedan acceder a dicho beneficio, debiéndose adoptar medidas urgentes para evitar el corte o interrupción del suministro de los servicios públicos en dichas entidades, hasta tanto no se aplique la mencionada ley.
Amor consideró como «positiva» la reunión que mantuvo junto a sus pares de todo el país con el Ministro de Energía Aranguren porque se pudo plantear la situación de cada provincia, aunque el funcionario nacional no dio respuestas concretas sino que prometió «evaluar los reclamos».
«Vinimos a pedirle al ministro que se empiecen a realizar audiencias públicas, tal como está previsto en el artículo 42 de la Constitución, para que la sociedad conozca cuál es el cuadro tarifario. También pedimos la revisión de ese cuadro y la ampliación de la tarifa social», explicó el Defensor y consideró que «el gobierno debe contemplar a los más necesitados, como Pymes o clubes de barrio, que quieren pagar pero no pueden».
Por su parte María América González, Defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad, comentó que «la voluntad del Ministerio es que todos los que necesiten accedan a la tarifa social», aunque Aranguren les explicó que esa decisión depende de la cartera de Desarrollo Social, por lo que los defensores solicitarán una reunión con la titular de esa área, Carolina Stanley.
«El ministro nos dijo que va a evaluar nuestros pedidos y que va a recibirnos nuevamente en un mes, esperamos que haya respuestas concretas», recalcó González.
