El objetivo del acuerdo es coordinar esfuerzos y crear vínculos de colaboración institucional; promover la transparencia en los procesos y actuaciones del Estado de la Ciudad; garantizar un mayor acceso a la información para todos los ciudadanos; y contribuir a la aceleración de los tiempos de los procesos administrativos.
De la firma también participaron la titular de la AGC, Cecilia Segura; el presidente del ERSP, Alejandro Ameijenda; la Síndica General de la Ciudad, Mónica Freda; los auditores generales Hugo Vasques, Mariela Coletta, Jorge Garayalde y Facundo del Gainzo; las Defensoras adjuntas Silke Ardnt, Bárbara Bonelli y Paula Streger; el Defensor adjunto Arturo Pozzali y la titular de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría, Dolores Gandulfo.
Las cuatro instituciones firmantes comparten, entre sus tareas y misiones, el control de los servicios, la administración pública y defensa de los usuarios:
La Defensoría es un órgano unipersonal e independiente que goza de autonomía funcional y autarquía financiera cuya misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos tutelados en la Constitución Nacional.
El Ente Regulador de Servicios Públicos es un organismo instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia funcional cuya tarea es el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores.
Por su parte, la Auditoría ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad.
Finalmente, la Sindicatura tiene una jerarquía equivalente a la de ministro y tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública.
