Como sucedió en diferentes momentos del año, como el 22 de enero, el 20 y 21 de noviembre o el gigantesco apagón del 16 de junio, este martes y miércoles 10 y 11 de diciembre se registraron cortes en el suministro de energía eléctrica en territorio porteño y bonaerense. Esta situación dejó sin luz a más de 400.000 familias, lo que representa entre 1.5 millones y 2 millones de personas perjudicadas, aproximadamente.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien en más de una oportunidad subrayó que “la energía eléctrica es un servicio público esencial y es el Estado quien debe garantizar su acceso universal”, emitió una serie de recomendaciones generales y particulares, con el objetivo de mejorar la situación de los vecinos y vecinas ante el caluroso verano que se avecina.
A EDESUR Y EDENOR:
A los presidentes de las empresas prestatarias del servicio en territorio porteño, Edesur S.A. y Edenor S.A., les pidió que informen detalladamente:
-El plan de acción que se está llevando a cabo con el objetivo de evitar interrupciones y colapsos en la red eléctrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-El Protocolo y las medidas de contingencia que se implementarán ante los cortes de suministro que pudieran registrarse durante los próximos 90 días.
-Cuáles son los canales de contacto y comunicación habilitados para la atención de los usuarios ante inconvenientes con el suministro eléctrico, indicando mejoras a adoptarse en la atención de reclamos y en la información brindada sobre interrupciones de servicio.
-El registro georeferenciado de las zonas -por barrios y comunas- de la ciudad que habitualmente registran mayor cantidad de cortes de suministro y comparación con los períodos previos.
-Cuáles son las acciones específicas para atender a los usuarios electrodependientes ante situaciones de emergencia.
-El registro actualizado de usuarios electrodependientes que cuentan con una Fuente Alternativa de Energía; cantidad de grupos electrógenos disponibles para atender la falta de suministro de estos usuarios; canales de atención directa disponibles.
-El plan de acción para el abastecimiento de agua -provisión de camiones cisternas- en los casos de interrupción por corte de suministro eléctrico.
-La disponibilidad de grupos electrógenos para alimentar las bombas de llenado de tanques en los edificios.
-Cantidad de casos con resarcimientos o multas en favor de usuarios, con resoluciones del ENRE, que estén pendientes de pago.
Asimismo, Amor les pidió a las empresas que tomen las previsiones necesarias para evitar el colapso del sistema de distribución de energía eléctrica que se produce sistemáticamente tanto ante la ocurrencia de temporales, como también por alto consumo estacionario frente a altas y bajas temperaturas, disponiendo de las acciones conducentes a los efectos de facilitar la rápida recuperación del sistema eléctrico.
Les recomendó además que realicen el mantenimiento adecuado y necesario para garantizar y mejorar progresivamente los niveles de calidad del servicio, asegurando minimizar los frecuentes cortes de suministro que padecen habitualmente los usuarios del servicio público.Por último, el Defensor pidió que se establezcan Oficinas de Asistencia Social en todas las sucursales de las empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integradas por equipos especializados en trabajo social.
AL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE):
El Defensor del Pueblo porteño le pidió al ENRE que arbitre las medidas necesarias para establecer un justo, razonable y adecuado resarcimiento económico a todos los usuarios afectados por los cortes y/o interrupciones del servicio público disponiendo que las empresas concesionarias Edesur S.A. y Edenor S.A. acrediten la bonificación en la cuenta de cada uno de los/as usuarios/as damnificados/as.
A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA:
El titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación no innovar en materia tarifaria y revisar los aumentos tarifarios dispuestos por la Administración Pública durante el período 2015/2019.
Asimismo, requirió evaluar la necesidad de ampliar el bloque de consumo de 300 kWh bonificados para los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social toda vez que el mismo resulta a todas luces insuficiente.
Por último, pidió que se analice la situación que se encuentran atravesando los Clubes de Barrio y las Empresas Recuperadas con el objetivo de implementar medidas concretas en favor de estos sectores.
LA SITUACIÓN
Amor denunció interrupciones sistemáticas en el suministro cuando se registran no más de 2 o 3 días de altas temperaturas e incluso en algunos días de invierno por las intensas lluvias. «Las interrupciones del servicio y la falta de información acerca de los plazos para la normalización del mismo desarticulan indefectiblemente la vida diaria de las personas que habitan o desarrollan sus actividades en la ciudad y en la región metropolitana», aseguró el Defensor del Pueblo.
Las graves deficiencias e irregularidades en la prestación del servicio (por debajo de los estándares mínimos de calidad y eficiencia) fueron nuevamente registradas en el quinto relevamiento semestral (marzo 2019 – agosto 2019) realizado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, quien aplicó multas millonarias a las empresas distribuidoras por incumplimientos en los parámetros y expectativas relativas a la frecuencia y duración de cortes; a la calidad del producto y al servicio comercial – atención al cliente.
Desde esta Defensoría se considera que las empresas, por la naturaleza de la actividad que desarrollan, poseen plena capacidad para prever, conocer y conjeturar, por algunas señales, indicios, estadísticas y/o experiencia, lo que va a suceder y así disponer o preparar medios contra futuras contingencias, siendo estas posibilidades lo que hace a la profesionalidad de una empresa.
Ante la situación que generaron los múltiples tarifazos implementados en los últimos cuatro años, colocando a muchas familias bajo la línea de pobreza energética (porque destinan más del 50% de sus ingresos al pago de servicios públicos esenciales), el Defensor del Pueblo porteño les recordó a las empresas del sector que “el aumento tarifario de los servicios públicos de suministros de fuentes de energía (eléctrica y gas natural) no puede ser estudiado de forma aislada. Por el contrario, debe ser analizado en virtud de los distintos sectores sociales que conforman el universo de usuarios, las circunstancias y dificultades materiales para acceder a la energía, toda vez que su satisfacción constituye un derecho humano y hace necesariamente al ejercicio de diversos derechos fundamentales”.
Respecto de aquellas personas que requieren de la energía eléctrica para poder vivir, los usuarios electrodependientes, desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que «subsiste una imperdonable falta de información acerca de la existencia del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, de las vías habilitadas para tramitar el ingreso al mismo, como así también de los beneficios de los cuales gozan los usuarios electrodependientes y su forma de garantizarlos». Según estimación de las empresas EDESUR S.A. y EDENOR S.A., al mes de febrero de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron (entre ambas distribuidoras) como electrodependientes por cuestiones de salud 1073 usuarios -609 EDESUR y 464 EDENOR-, los cuales se encuentran debidamente registrados en el RECS conforme lo establece la ley. «Sin embargo -añade la Defensoría- consta de la información que han brindado las distribuidoras que tan solo 11 usuarios realizaron la solicitud y cumplieron con los requisitos para la instalación de la Fuente Alternativa de Energía (FAE), representando ello aproximadamente tan sólo un 1% del Registro en cuestión».
Otro tema que preocupa y mucho a esta Defensoría es la insuficiencia de la tarifa social, ya que el Alejandro Amor reiteró en todas las audiencias públicas «la necesidad de reconsiderar la cantidad de Kw/h establecidos como tope para aplicar los descuentos, que actualmente corresponde a 300 kWh bimestrales, por considerarlos insuficientes, fundamentalmente teniendo en cuenta que la composición de los hogares no es uniforme y los hábitos de consumo de cada grupo familiar son sensiblemente diferentes».
Sobre los medidores prepagos, el Defensor del Pueblo considera que son «una herramienta regresiva», ya que su instalación «no genera otra cosa en los usuarios y usuarias que una situación de angustia cuando a medida que se va consumiendo la energía se puede saber a ciencia cierta cuanto tiempo de energía eléctrica queda, siendo la única forma de evitar la falta de suministro contar con dinero para comprar kW en el momento».
Los aumentos tarifarios afectaron de manera directa el frágil equilibrio económico-financiero de los clubes de barrio y pusieron en riesgo su normal desenvolvimiento. Desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que pese a tener expresamente reconocido el beneficio de tarifa diferencial por normativa nacional plenamente vigente -Ley nacional 27.098- estos clubes están recibiendo facturas de energía eléctrica con incrementos exorbitantes que implican casi en la totalidad de los casos la suspensión de sus actividades, al mismo tiempo que impiden el normal desarrollo de su finalidad social y comunitaria, ante la imposibilidad de afrontar dichos pagos. Esta situación se debe subsanar.
Por último, el Defensor del Pueblo recomendó que las empresas prestadoras, previo a la suspensión del servicio, analicen cada caso en particular y tengan en cuenta si con tal decisión se pueden afectar derechos de mayor magnitud que los beneficios económicos que se reportan. Para tales fines, solicitó que las empresas dispongan de oficinas de asistencia social integradas por equipos especializados en trabajo social. «La energía eléctrica en forma alguna puede considerarse como un derecho privativo de quienes puedan afrontar el pago, sino una condición necesaria para el bienestar y el ejercicio de los derechos humanos», concluyó Amor.
