Dado el aumento en la cantidad de contagios de COVID-19 en el área metropolitana, la Defensoría advierte sobre el impacto que tiene la reiteración de los cortes en la población de esos conglomerados urbanos, caracterizados por condiciones de hacinamiento, falta de infraestructura y dificultades preexistentes en el acceso a los servicios públicos esenciales.
Tal como se detalla en las notas enviadas a ambas empresas, la energía eléctrica está estrechamente vinculada al bienestar de las personas y sus condiciones elementales de comodidad. La interrupción frecuente de este servicio apareja innumerables perjuicios tales como la pérdida de mercadería y de la cadena de frio de alimentos o medicamentos, la falta de agua y el posterior impacto en la higiene personal y de las viviendas, y las dificultades que supone para las personas mayores, con alguna discapacidad o problemas de salud. A todo esto se suma la baja de la temperatura y el aumento de usuarios sin acceso a la red de gas natural que dependen de sistemas de calefacción eléctricos.
En el contexto de la emergencia sanitaria, la Defensoría entiende que la interrupción en la prestación del servicio eléctrico y la demora en su restitución redunda en una vulneración de los derechos de los vecinos y un aumento del riesgo de contagios en los barrios informales.
