Esto amerita una serie de consideraciones de parte de la institución al respecto, poniendo sobre la mesa ciertas advertencias y recomendaciones que hemos efectuado tanto de oficio, como impulsadas por demandas y denuncias recibidas de personas con padecimientos mentales, familiares y vecinos afectados.
En primer término, queremos destacar que la urgencia en salud mental no constituye un delito y los parámetros de intervención deben tener en cuenta esta diferencia. El decreto que instala el protocolo que regula al accionar de las fuerzas de seguridad federales se encuentra enmarcado tanto en las leyes nacionales 26657 (de Salud Mental) y la 26378 (Derechos de las Personas con Discapacidad).
Entendemos que debería haber una profundización de la adaptación del protocolo federal a la realidad local de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante lo antedicho, advertimos también que los mensajes confusos que circulan en los medios y que durante este tiempo han hecho notar algunos colectivos profesionales, parecen desconocer el marco normativo de internación involuntaria, presente en la ley nacional, que define qué actores deben intervenir y cómo se debe proceder en el caso de personas con problemáticas de salud mental con riesgo cierto e inminente para sí mismos o terceros. En ningún momento la ley prohíbe la internación involuntaria (artículos 20, 21 y 22 de la ley nacional 26657).
Otro punto que queremos resaltar tiene que ver con la capacitación de los efectores que intervienen en la urgencia. En algunos casos ha acudido a la atención de la crisis personal con preparación en el abordaje de cuestiones médico-clínicas pero sin formación en la atención de la crisis en salud mental, delegando el manejo del caso exclusivamente en la fuerza pública sin hacer uso de las herramientas sanitarias propias de la especialidad.
La temática, como brevemente hicimos notar, es compleja. En tal sentido, venimos advirtiendo desde hace un tiempo que se deben repensar los dispositivos sanitarios para la promoción y protección de la salud mental. También se debería implementar un programa de capacitación permanente para todos los efectores que intervienen en situaciones de crisis en esta temática, tanto de salud como de seguridad.
