Por parte de la Defensoría participaron como disertadores Laura Marrazzo, titular del Centro de Derechos de las Víctimas de Narcotráfico; María Graciela García, subsecretaria de Derechos Humanos y Seguridad; Arturo Pozzali, defensor Adjunto; y María Quiroga, coordinadora de Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental. Expusieron también Alejandro Brain, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, asesor de la Secretaría de Salud de la Nación y presidente del Capítulo de Reducción de Riesgos y Daños de la Asociación Argentina de Salud Mental; y Mariano Fusero, abogado penalista, presidente de Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos.
Todos los oradores coincidieron en la importancia de la ‘no criminalización’ por la tenencia simple y el consumo personal y en la necesidad de rediseñar las políticas públicas adecuadas, que consoliden los recursos para combatir al narcotráfico y que garanticen el acceso al sistema de salud a las personas que se encuentran en situaciones problemáticas con las drogas.
A modo de introducción, Laura Marrazzo se refirió a las declaraciones y opiniones de los funcionarios del Gobierno Nacional y de la Ciudad en contra de la despenalización del consumo y de la intención de la baja de la edad de imputabilidad. “El Fallo Arriola (sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2009 que declaró la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal) continúa siendo ignorado. Es realmente preocupante porque no podemos dejar de hacer hincapié en cuál es el criterio político, porque en definitiva son las políticas públicas y la determinación de acciones concretas las que van a poner en práctica los términos y alcances del fallo Arriola”, manifestó.
Marrazzo consideró que al consumidor hay que abordarlo de manera interdisciplinaria desde el sistema de salud pública y no desde el derecho penal, “porque no es ahí donde está el problema del narcotráfico en nuestro país”. Además, agregó que espera que se termine con esta ley que, a su criterio, sólo sirve para perseguir al consumidor y disolver los recursos del Estado que deberían estar dirigidos a la lucha de las mafias de organizaciones criminales.
Por su lado, María Graciela García reflexionó que “la droga en nuestros tiempos es una de las formas en las que se expresa el malestar y el sufrimiento”. Según expresó, a partir del año 76 con la dictadura militar se produce un agravamiento de los niveles y efectos del consumo. “El problema de las adicciones atravesó toda la década del 80 como tema creciente de agenda política, sin embargo los organismos creados durante ese período reprodujeron una mirada criminalizante, no le dieron la relevancia sanitaria correspondiente y proyectaron una representación sobre el consumo de sustancias directamente asociado al control del narcotráfico”, indicó.
Pozzali dijo que, en este tipo de relaciones de consumo, el Estado presente se comporta de la ‘peor’ manera, se demuestra ‘punitivista’, generador de una ley netamente prohibicionista y de castigo, especialmente para aquellos que tienen menos posibilidades de defenderse y de acceder a sus derechos. Opinó que “así se los continúa estigmatizando y discriminando aún más”.
En tanto, María Quiroga contó que los servicios de salud mental “no están preparados para recibir problemáticas de consumo de sustancias, no están adecuados ediliciamente ni en términos de equipos interdisciplinarios”. En este sentido, resaltó: “En uno de los hospitales relevados en los últimos tres meses, nos encontramos con un sólo médico psiquiatra para toda una población de una zona enorme”.
Para el psiquiatra Alejandro Brain, los dispositivos de salud pública, inclusive los de adicciones, deberían ser más flexibles, ya que lo ideal sería guiar al paciente sin ningún tipo de expulsión. “El paciente debe tener acceso al sistema de salud para tener una mejor calidad de vida, pese al consumo o a la adicción que padezca”, señaló.
Por último, Mariano Fusero aseveró que: “La despenalización es una gran deuda pendiente en nuestra democracia y la necesidad de que se concrete es bastante clara, tenemos dos fallos judiciales ejemplares como el Arriola (2009) y el Bazterrica (1986) y más de 25 proyectos de ley presentados al respecto. Pero nuestro país sigue criminalizando a las personas bajo una ley de hace más de 30 años”. Asimismo, informó que “de este proceso prohibicionista tenemos que alrededor de 275 millones de personas consumieron alguna sustancia prohibida en 2017, dato de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de ese total de personas, que refleja un 5,60 por ciento de la población mundial (7,500 millones de personas), sólo 30,5 millones de personas (un 11%) tienen un consumo problemático o adictivo a las sustancias. De esta manera, también podemos desmitificar la relación que se hace entre consumo y consumo problemático”.
