La primera jornada del taller -organizado por la Dirección de Transporte y Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios de la institución- constó de una presentación de los últimos hallazgos científicos y los trabajos más relevantes en las áreas de biología, medicina, epidemiología, tecnología en radiocomunicaciones, normas, leyes y criterios regulatorios aplicables.
Norberto Darcy, subsecretario de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios del organismo, fue el encargado de las palabras inaugurales. Durante su presentación aseguró que “desde hace años, la Defensoría del Pueblo viene trabajando en los temas relacionados a los campos electromagnéticos y el derecho a la salud”. “Tenemos que saber qué está pasando no para alarmar a los ciudadanos sino para reunir información científica y realizar nuestro aporte”, concluyó.
Por su parte, Federico Conditi, titular de la Dirección de Transporte y Telecomunicaciones de la institución, manifestó que esta fue una “jornada de intercambio y propuestas ante una problemática que se genera en todo el mundo”.
Susana García, presidenta de la Asociación Toxicológica Argentina, presentó el informe 2016 de la U.S. National Toxicology Program. García destacó que hay hallazgos preocupantes respecto a la radiación. “Si bien este estudio en particular no está finalizado, dieron a conocer algunos resultados para que ya se empiecen a tomar medidas al respecto”, expresó.
Posteriormente, Claudio Fernández Rodríguez, de la Federal University of Río Grande Do Sul de Brasil, expuso las conclusiones del “Wireless Radiation and Health: Expert Forum on Environmental Health”, celebrado en Jerusalén a principios de año. Fernández Rodríguez señaló que ese foro “dio por sentado que había suficientes estudios para mostrar las relaciones entre la exposición a la radiofrecuencia y la salud”.
A continuación, Eduardo Legaspe, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, expuso sobre la exposición infantil a las Radiaciones No Ionizantes y manifestó que “los niños son los más vulnerables a recibir las radiaciones que emiten los teléfonos celulares”.
Jorge Ferrari, parte del equipo de la Dirección de Transporte y Telecomunicaciones de la institución y experto en la temática, realizó un breve repaso de los potenciales peligros de la redes inalámbricas (comúnmente conocidas como Wi-Fi) y recomendó que en los establecimientos educativos que cuenten con este tipo de conectividad “vuelvan a usarse cables para distribuir el servicio de internet y limitar el uso de las redes inalámbricas”. Además indicó que se continúan realizando estudios sobre los efectos de la radiación de las redes de telefonía celular en las personas.
Por su parte, Rodolfo Touzet, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, expuso brevemente acerca de los siete estudios recientes sobre campos electromagnéticos y sus consecuencias para la salud. Concluyó que “los efectos a largo plazo no se manifiestan en forma inmediata”.
Ignacio Casas Perera y Alejandra Baez, del Instituto de Oncología Angel H. Roffo, indicaron como posible carcinógeno a las radiaciones no ionizantes. “Los tumores están relacionados a la exposición de las radiaciones”, señalaron.
Luis Portelli, coordinador de Asesores de la Diputada Nacional por el Partido Socialista Gabriela Troiano, señaló que se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de Presupuesto Mínimo de Prevención y Control de la Contaminación Magnética.
Mariana Lofeudo, abogada especialista en derecho ambiental, manifestó que la contaminación por radiación “no se ve pero eso no significa que sea inocua. La Constitución Nacional contempla el derecho a un ambiente sano a partir de su reforma en 1994”, indicó.
Oscar Campastro, del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), expuso sobre la normativa suiza en materia de regulación de Radiación No Ionizante, y señaló que “los gobiernos municipales deben tener en cuenta el lugar donde se colocan las antenas”.
En representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Guillermo Defays se refirió a los mecanismos para reducir los niveles de emisiones electromagnéticas: “Hay que regular porque se trata de un asunto de salud pública. La tecnología para bajar estos niveles está disponible y en uso”, concluyó.
Carlos Torres, funcionario del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, abordó la normativa provincial en materia de los requisitos para la obtención de permisos para la instalación de sistemas generadores de RNI, y el límite establecido para las emisiones y el impacto visual de las instalaciones.
Finalmente, Liliana Palancio, integrante de la OBG Aletheia por la Vida, criticó la desinformación existente sobre esta problemática: “La divulgación de datos incorrectos vulnera el derecho a la salud y el acceso a la información”.
Luego de las exposiciones, los participantes reunidos en grupos de trabajo analizaron la información compartida y debatieron los criterios para la elaboración de un informe final.
A modo de conclusión, se consensuó:
-Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) deben evaluar los últimos estudios científicos realizados y, de corresponder, recategorizar los riesgos de la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia en relación al cáncer.
-Que ante la ausencia de una ley nacional debe tomarse como referencia la norma suiza, así como los principios de precaución y prevención.
-Que es recomendable que exista una autoridad de control única y coordinada que controle mediante mediciones la radiación emitida, en articulación con ONGs y la sociedad civil.
-Que el Estado debe iniciar acciones que contemplen la situación de las personas electro-sensibles.
-Que la población debe ser informada y capacitada sobre los riesgos injustificados de este tipo de emisiones.
-Que se solicitará al gobierno que analice el reemplazo de las redes de Wi-Fi por sistemas de cableado en las escuelas.
-Que el Estado debe destinar recursos adecuados a la investigación de esta problemática.
