“La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. Con estas palabras el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, presentó un nuevo informe titulado “COVID-19 y derechos humanos: Todos estamos juntos en esto”, en el que establece lineamientos claros de cómo debe ser la respuesta a la crisis derivada del coronavirus desde un enfoque que respete los derechos humanos.
En un momento donde la comunidad internacional se planteaba acelerar al máximo los esfuerzos para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, el informe plantea cómo el COVID-19 socavó la mayoría de esos esfuerzos e impactó de forma sustancial en el debilitamiento de algunos de sus objetivos y metas.
El incremento de la pobreza e indigencia (ODS1), el aumento inmensurable de la inseguridad alimentaria y el hambre (ODS2), la falta de acceso a la cobertura de salud (ODS3) y a la educación de quienes se les dificulta o directamente no tienen posibilidades de sostener las clases a distancia, el recrudecimiento de la violencia de género contra las mujeres y la desigualdad en la distribución de tareas que se ven seriamente agravadas con el aislamiento (ODS5), la falta de condiciones básicas de habitabilidad para garantizar la distancia social que se requiere o el acceso al agua potable y suministro de energía (ODS 11, 6 y 7), el crecimiento del desempleo, la paralización del trabajo informal (ODS 8) y el crecimiento exponencial de la desigualdad entre los países y entre las personas como los trabajadores precarizados, los migrantes, refugiados, (ODS10), los obstáculos de acceso a justicia y la especial situación de las personas privadas de su libertad sin posibilidad de implementar las medidas necesarias de prevención del virus (ODS16), son algunos de los impactos devastadores que tiene esta pandemia en los grandes desafíos globales.
El informe incorpora seis lineamientos de derechos humanos que deberían liderar la respuesta humanitaria a la crisis de COVID-19 y recomendaciones específicas:
-La prioridad es salvar vidas, y la protección de los medios de subsistencia de las personas contribuye a ello. Es necesario empelar al máximo de los recursos para mejorar la respuesta sanitaria y adoptar medidas para apaliar la crisis socio-económica.
-El virus no discrimina, pero su impacto sí. Toda persona puede contraer COVID pero existen grupos dentro de la comunidad más vulnerables a sus efectos. La respuesta al virus debe ser desde la inclusión y la adopción de medidas especiales a los grupos más rezagados. Las acciones deben asegurar que nadie quede atrás en la respuesta a la crisis.
-Se debe involucrar a todos en la respuesta a la crisis. Se debe fomentar la mayor participación, transparencia y rendición de cuentas.
-La amenaza es el virus, no la gente. Las medidas de emergencia y seguridad, en caso de ser necesarias, deben ser temporales, proporcionales y deben tener como finalidad la protección de las personas.
-Ningún país puede superar esta crisis solo. La solidaridad es un componente clave para superar esta crisis. Las crisis globales requieren respuestas globales.
-Cuando la pandemia pase, debemos ser mejores de lo que éramos antes de esta crisis, la que puso de manifiesto las deficiencias de los sistemas de salud y la gravedad de la desigualdad.
El rol clave de la Defensoría en el cumplimiento de los lineamientos de ONU:
Desde el inicio de la crisis producida por el coronavirus, la Defensoría se encuentra trabajando en una línea muy clara de acción en consonancia con las directivas de las Naciones Unidas para garantizar el respeto de los derechos de los grupos más vulnerados y a los que mayormente está impactando esta pandemia.
Porque salvar vidas es la prioridad del ahora y la protección de los medios de subsistencia de las personas contribuye a ello, desde la Defensoría del Pueblo se viene participando activamente de las campañas de vacunación en villas y de adultos mayores. El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, está también recorriendo todos los hospitales para garantizar la condiciones de trabajo del personal sanitario, las medidas de bioseguridad y la disponibilidad de insumos. Asimismo, se está difundiendo y asesorando a los ciudadanos sobre las medidas de asistencia socio-económica que se dictaron desde el gobierno nacional (IFE, ATP, asistencia a Pymes, créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos) y divulgando información relevante sobre medidas a adoptar para garantizar el aislamiento social preventivo y obligatorio, así como en relación con la prestación de servicios esenciales. Además, se asesora a la ciudadanía sobre las acciones adoptadas desde el Estado para avalar la protección del derecho a la educación y a la vivienda, en referencia a la prórroga de contratos de alquiler y cánones locativos y la suspensión de desahucios en viviendas de alquiler, hoteles y villas de emergencia.
Por otro lado, toda vez que el virus no discrimina, pero su impacto sí, desde la Defensoría se está trabajando fuertemente en la tutela especial de los grupos más afectados por la pandemia mediante la recepción de denuncias por discriminación a personal sanitario y/o esencial por parte de algunos consorcios; del asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito de mujeres víctimas de violencia de género; la protección de las personas mayores a través del requerimiento de la realización de hisopados en geriátricos y el pedido de informes a dichas instituciones para conocer las medidas de prevención que están adoptando; y la realización de recomendaciones para el trato a personas privadas de su libertad.
Finalmente, y al considerar que la respuesta a esta crisis involucra a todos, desde la Defensoría se pretende generar conciencia social sobre la difusión de las “fake news”, la importancia de la protección de los datos personales de las personas infectadas por el virus y del acceso a la información fidedigna sobre el alcance del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los servicios considerados esenciales, los permisos de circulación y demás información relevante.
El informe se encuentra disponible aquí y el video de presentación aquí.
