Alejandro Amor visitó el Hogar San Francisco de Asís de Cáritas en donde dos médicas del Hospital Ramos Mejía se encuentran atendiendo a 91 pacientes con COVID-19 y los 15 recuperados que llegaron del Centro de Costa Salguero. Desde la Defensoría se realizó un pedido al Gobierno porteño para que incorpore más personal en ese lugar, de manera que se pueda atender las 24 horas. Los días siguientes Pablo Mazzoli, del área de Salud de la institución, trabajó con el Hogar dando continuidad a la visita del Defensor.
A raíz de la presentación judicial efectuada por el área de Legales en la causa “DONDA PEREZ y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO” (ampliada luego por el CELS) y referida a la situación de hogares y paradores respecto del COVID-19, el Defensor del Pueblo puso a disposición del Juez Guillermo Scheibler (Juzgado CAyT 13) una serie de herramientas institucionales y experiencias para cooperar en la mejor resolución del caso. Éste dictó una resolución cautelar el sábado 4 de julio tomando como fundamentos los informes técnicos y recomendaciones producidas por el área de Derechos Sociales de la Defensoría, los cuales fueron incorporados a la causa y ordenando al Gobierno de la Ciudad a que proceda a cumplir con los traslados solicitados tanto de personas con COVID positivo como los 91 casos del Hogar San Francisco de Asis de Cáritas.
Por otro lado, a través del programa de patrocinio jurídico gratuito de la Defensoría, se solicitó una medida cautelar urgente en favor del colectivo de personas en situación de calle que presentan COVID-19 positivo que se encuentran alojados en el Hogar para Personas en Situación de Calle “San Francisco de Asís”, dependiente de Cáritas Buenos Aires-Iglesia Católica, y conveniado con el Gobierno de la Ciudad.
La medida interpuesta requirió que se ordenara al Ejecutivo local que «procediera a dar estricto cumplimiento a los protocolos de actuación vigentes para el manejo y tratamiento de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en hogares o paradores transitorios para personas en situación de calle y que garantizara el derecho a la salud y a la vida de las personas en situación de calle que se encontraban alojadas en el hogar con diagnóstico positivo». A tal fin, se solicitó:
1. el traslado urgente a instituciones hospitalarias de las personas con diagnóstico de COVID-19 positivo alojadas en el hogar que presentaran síntomas moderados o severos, que sean mayores de 65 o que presentaran comorbilidades que pueden agravar su cuadro clínico;
2. el traslado urgente a instituciones de aislamiento extrahospitalario de las personas COVID-19 positivo alojadas en el hogar que presentaran síntomas leves;
3. la autorización de traslado urgente de las personas diagnosticadas con COVID-19 positivo que contaran con criterio de alta institucional a otros espacios dentro del hogar que garantizaran las pautas de aislamiento y cuidado exigidas por los protocolos de actuación dictados por el Gobierno porteño hasta completar los 14 días de confinamiento desde la fecha de comienzo de los síntomas.
