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III Congreso Argentino de Derecho Electoral

El 23 y 24 de junio se realizó el III “Congreso Argentino de Derecho Electoral” con la participación de funcionarios, legisladores y especialistas en Derechos Políticos y Sistemas Electorales.

Las dos jornadas transcurrieron en el marco de los debates y aportes desde diferentes perspectivas acerca de los alcances que debería promover en nuestro sistema electoral un proyecto integral de reforma política.

Durante la apertura del congreso participaron entre otros el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, y el  Secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez. Además expusieron representantes del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales y el Vicepresidente de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Los expositores participaron en las mesas sobre “Reformas políticas”; “Mecanismos electrónicos de emisión del sufragio y su proyección en la Argentina: Contextos, procedimientos y tendencias” y “Regulación, implementación, control y auditoría”. Administración y jurisdicción electoral”; “TIC’s aplicadas a lo Electoral” ; “Observación electoral y Organizaciones de la sociedad civil”, entre otras.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó con una exposición a cargo del Director de Derechos Políticos y Observatorio Electoral, Daniel Ingrassia, sobre la experiencia en materia de observación electoral tanto respecto a la implementación de la Boleta Única Electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, como la experiencia de observación durante las elecciones nacionales del año pasado junto con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Allí destacó que a partir de la reglamentación de la ley que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE), “se cumplió una tarea relevante, pues frente a la inminencia del comicio del 26 de abril de 2015 y el escaso tiempo de capacitación destinado a las autoridades electorales y a los propios electores, la Defensoría logró una postergación de su aplicación en beneficio de la preservación de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral”. Sostuvo además que el propósito de estas tareas fue “perseguir el objetivo no solo de observar el buen cumplimiento de los procedimientos y reglas electorales, sino el de colaborar con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y su legitimidad”.