El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, exhortó hoy a los candidatos a presidente Daniel Scioli y Mauricio Macri a que, en caso de resultar elegidos, se comprometan a impulsar la designación del Defensor/a del Pueblo de la Nación y de los/as titulares de todas las Defensorías del Pueblo provinciales y municipales del país que se encuentran vacantes, y a crear una Defensoría del Pueblo en aquellas provincias en las que todavía la institución no existe. El pedido fue realizado hoy durante la conferencia de prensa que la asociación brindó para presentar el Informe de la Observación del Recuento Provisional de Resultados de las elecciones generales del 25 de octubre y el programa de trabajo que se desarrollará el próximo 22 de noviembre durante el balotaje.
Amor valoró la iniciativa de la Cámara Nacional Electoral y el apoyo de la Dirección General Electoral para hacer partícipes del proceso electoral a las Defensorías del Pueblo en calidad de veedoras. En este sentido, señaló que “la responsabilidad del proceso electoral es excluyente y exclusiva del Estado, las Defensorías, en tanto organismos de la Constitución, cumplimos con nuestro mandato de defender y proteger el derecho de los ciudadanos”. Asimismo, destacó la transparencia que caracterizó a los últimos comicios y remarcó la importancia del rol de las Defensorías para garantizar “que se consagre la voluntad popular con total legitimidad”. También adelantó que durante el balotaje del próximo 22 de noviembre la observación se repetirá y “contará con la cobertura del cien por ciento de los telegramas enviados”.
Por último, aseguró que «una vez finalizadas las elecciones es necesario que se abra en Argentina un debate para llevar adelante un proceso profundo de reforma del sistema electoral en la Argentina, así como de la incorporación de tecnología con el aporte del INTI y el CONICET, dos instituciones del Estados que tienen sobrada capacidad para desarrollarlo».
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, reivindicó la actitud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de las Defensorías del Pueblo de todo el país al asumir el rol que la Constitución Nacional y las constituciones provinciales les asignan: «la representación popular expresada en el contralor de los procesos electorales tiene un enorme valor porque en algún momento se cuestionó la transparencia del sistema electoral argentino, o la metodología de escrutar los votos, y la participación de fiscales, presidentes de mesa, fuerzas de seguridad junto a la incorporación de los Defensores del Pueblo, genera una gran tranquilidad en la población de que el voto emitido es un voto escrutado», aseguró. Asimismo, felicitó a Amor por ser el impulsor de la participación de las Defensorías del Pueblo en los procesos electorales y solicitó a los Defensores que vuelvan a intervenir en el balotaje. También remarcó que “el sistema electoral argentino se encuentra bastante desarrollado y forma parte de la cultura nacional”.
El Director de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo porteña, Daniel Ingrassia, se refirió a los resultados arrojados por el informe de la Observación del Recuento Provisional de Resultados y señaló que » no existieron inconvenientes importantes en ninguno de los 159 centros donde estuvieron presentes los observadores de ADPRA”.
En este sentido, Amor subrayó la importancia de que estos tópicos sean incluidos en el próximo debate presidencial: “Las Defensorías del Pueblo somos órganos de la Constitución y aunque estamos obligados a no responder a ningún interés partidario eso no significa que seamos neutrales: defendemos derechos y garantías constitucionales. El trabajo de las Defensorías del Pueblo de la Nación y del conjunto de Defensorías provinciales y municipales es fundamental. El debate que se realizará el próximo domingo constituye es un espacio oportuno para que los candidatos expresen su posición sobre la falta de autoridades en las Defensorías del Pueblo que se encuentran vacantes y sobre la ausencia de la figura en varias ciudades del país. Finalmente, solicitamos el efectivo cumplimiento de la ley 26.061 de creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes» concluyó el Defensor.
El acto contó con la presencia de Alejandro Tullio (Director Nacional Electoral), Santiago Corcuera (presidente de la Cámara Nacional Electoral), Alberto Dalla Vía (Juez de la Cámara Nacional Electoral), Ana María Conde, Inés Weinberg de Roca y Luis Lozano (integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la CABA), Ezio Emiliozzi (Director General Electoral de la Ciudad), Alicia Pierini ( ex Defensora del Pueblo de la Ciudad), Marco Oswald (agregado político de la embajada de Estados Unidos), Marcela Centurión Yedro (Secretaria Electoral de Chaco), Claudia Catalin (Secretaria Electoral de Santa Fe), Teresa Ovejero (Secretaria Electoral de Salta), Alberto Elgassi (Secretario Letrado del TSJ), así como integrantes del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales, apoderados de las principales fuerzas políticas (PRO, FPV, UCR, GEN), representantes de la Universidad Católica Argentina, la Pastoral Social, CIPEC, Poder Ciudadano y otras instituciones de la sociedad civil especializadas en cuestiones electorales.
El Informe de la Observación del Recuento Provisional de Resultados realizada por las Defensorías del Pueblo en los Centros de Transmisión Digitalizada (CTD) del Correo Argentino en todo el territorio nacional durante las elecciones nacionales del 25 de octubre de indica que las Defensorías del Pueblo dispusieron de 337 observadores que estuvieron presentes en 159 Centros de Transmisión Digitalizada del Correo Argentino, en 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los cuales se digitalizó aproximadamente el 82% de los telegramas emitidos por las autoridades de mesa de todo el país. El 95% de los CTD abrieron entre las 18 y las 18.15 y la totalidad de los mismos contaron con al menos dos escáneres. Un 90,54% dispusieron de cámaras de seguridad en funcionamiento. A su vez, se constató la presencia de fuerzas de seguridad en 78% de los CTD, mientras que la participación de fiscales partidarios se ubicó en un 52%. Por otro lado, en el 98,8% de los casos los sobres estaban en condiciones correctas, mientras que solo el 1,2% restante presentó algún tipo de irregularidad, mayoritariamente vinculada a cuestiones de procedimiento tales como la ausencia de firmas de las autoridades de mesa.
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