El Gobierno nacional derogó por inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
Con citas de sentencias judiciales y observaciones de organismos internacionales críticas de la medida, el Decreto 138/2021 detalla que diversos aspectos de fondo del DNU 70/2017 resultaban irreconciliables con lo que establece la Constitución Nacional y el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entre ellos, se hace referencia a “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias.”
Entre los considerandos, se destaca asimismo la preocupación expresada por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los cuales instaron al Estado Argentino a derogar el DNU 70/2017.
En tanto organismo de derechos humanos dedicado a la promoción y defensa de los derechos de la población migrante en la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo porteña había cuestionado oportunamente la validez constitucional de dicha norma bajo el argumento de que establecía un procedimiento que atentaba contra los derechos de este colectivo y vaciaba de contenido el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y la defensa técnica adecuada.
En este sentido, a través de la Subcoordinación Operativa de Migrantes, había presentado un informe alternativo ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, en el cual se abordaban los cambios y retrocesos en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes que el DNU 70/2017 había introducido a la Ley N° 25.871 de Política Migratoria Argentina.
