Ello así en tanto es fundamental garantizar la participación de organismos de derechos humanos con experiencia en materia migratoria en procesos legislativos como el iniciado, en aras de enriquecer los debates con aportes y sugerencias. Solo así se fortalece el modelo de participación democrática y se consolida la gobernanza.
Resulta relevante destacar que desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha velado por los derechos de las personas migrantes a partir de la gestión de los casos y consultas recibidas y dictando recomendaciones cuando se constata la vulneración de un derecho.
El artículo 4 de la ley 25.871, en línea al preámbulo de nuestra Constitución Nacional, consagra el derecho humano a migrar. Al mismo tiempo, los artículos 6, 7 y 8 de la ley 25.871 disponen el acceso igualitario a los servicios sociales, bienes públicos, justicia, trabajo, empleo, seguridad social, educación y salud, en consonancia al artículo 20 de nuestra Carta Magna.
En razón de ello y considerando las competencias constitucionales asignadas como la experiencia en la materia y la importancia que reviste la participación en procesos legislativos, se solicitó se garantice la participación de la Defensoría del Pueblo en los debates en comisión y audiencias que se realicen para la discusión del proyecto de ley presentado por el diputado Petri. Así, la participación de la institución permitirá contribuir al debate y profundizar sobre los conceptos plasmados, en aras de la defensa, promoción y protección de los derechos de la población migrante que habita en el país.
