El informe describe y analiza la situación de la población senegalesa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En particular, se centra en el acceso a sus derechos fundamentales y en las políticas públicas implementadas en la materia, recogiendo la experiencia del trabajo realizado por las mencionadas áreas mayormente en el período comprendido entre 2018 y 2020.
Así, la Subcoordinación Operativa de Migrantes se inmiscuye especialmente en los procesos de regularización migratoria y en las restricciones observadas en el acceso a algún derecho en razón de la nacionalidad. En el marco de sus funciones, la SOM ha recepcionado y acompañado los reclamos de la población senegalesa, ha establecido canales de comunicación con otros actores estatales y de la sociedad civil; y ha emitido y puesto en conocimiento -tanto en el ámbito nacional como internacional- su opinión sobre aspectos de la política migratoria que restringen el ejercicio de derechos. La casuística construida ha permitido identificar algunos elementos que es preciso tener en cuenta en el marco de un análisis integral de las situaciones que transitan las personas de origen senegalés.
Es preciso remarcar, en este sentido, el impacto negativo que tiene la falta de documentación en los procesos de integración de las personas migrantes a la sociedad argentina. Una solución con proyección en el tiempo, no transitoria, resulta indispensable el trabajo articulado de distintos departamentos estatales.
Por su parte, la Coordinación Operativa de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional realiza su análisis a partir de casos de abusos policiales que involucran a funcionarios pertenecientes a las distintas fuerzas de seguridad que cumplen funciones de seguridad local en el territorio de la Ciudad. Asimismo, el trabajo se extiende al seguimiento de la actuación judicial y de las investigaciones administrativas iniciadas toda vez que el abuso y/o exceso policial entrañan responsabilidad institucional por parte de la fuerza policial involucrada pero exigen, además, un tratamiento adecuado de la autoridad política y de la judicatura. Dicho análisis ha permitido detectar reiteradas situaciones de violencia en el espacio público y particularmente en lo que respecta a la comunidad senegalesa.
Al respecto, fue posible observar que la mayoría de las intervenciones llevadas adelante en el ámbito local resultan excesivas y desproporcionadas, siendo los funcionarios policiales -en algunos casos junto con funcionarios de las áreas de Fiscalización y Control de GCBA, quienes las ejecutan. En el marco de los procedimientos o intervenciones se ha observado una clara presencia de dificultades en la comunicación, atento a la barrera idiomática existente.
Por último, desde la Unidad de Aplicación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura de la Defensoría se han abordado las situaciones de detenciones a personas migrantes en el marco de las políticas de espacio público que aplican en forma sistemática la prohibición de venta ambulante, sin importar si se trata de venta de mera subsistencia o no.
Una de las principales problemáticas observadas en este marco de intervención de la unidad está directamente vinculada a la criminalización de determinadas formas de subsistencia arraigadas en costumbres cuyo origen es posible hallar en el seno de la comunidad y cultura de la cual provienen. Tal es así que la interacción entre la Policía de la Ciudad y ciudadanos/as senegaleses/as que desarrollan actividades económicas para sustento en la vía pública culmina con la detención del vendedor, como consecuencia de la imputación de algún delito en ese contexto. En la amplia mayoría se les imputa infracción a la Ley de marcas y en un segundo lugar el delito de resistencia a la autoridad. La sanción que recae sobre el colectivo senegalés por la actividad desarrollada en el espacio público, se observa como una manifestación de dominación por medio del ejercicio del poder del sistema judicial sobre los/as migrantes.
A lo largo del informe es posible destacar como idea fuerza que las situaciones de violencia institucional y de vulnerabilidad socioeconómica a las que está expuesta la población migrante que trabaja en la venta ambulante, en especial la de origen senegalés, podrían ser abordadas de diferentes modos. Para ello se propone, en materia documental y de integración, que la Dirección Nacional de Migraciones habilite la categoría de trabajo autónomo como criterio para la regularización migratoria tal como se encuentra regulado en la Convención de Trabajadores Migratorios y que recepta el decreto 616/10.
En particular, que se consideren las características de ingreso al país de la población senegalesa permitiendo que presenten prueba supletoria de la constancia de dicho ingreso. Asimismo, profundizar el acceso a cursos de español para promover la integración socio-educativa del colectivo. En lo que respecta al abordaje en la vía pública, se recomienda generar cursos de capacitación a las fuerzas policiales en materia de debido proceso, en especial, del derecho de defensa de las personas senegalesas detenidas. A su vez, garantizar se brinde un intérprete durante la sustanciación de los procedimientos en la vía pública, el proceso penal y los procedimientos administrativos de control de permanencia.
Finalmente, se propone conformar una mesa de trabajo que incluya a los Ministerios de Justicia y Seguridad y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en el ámbito nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Migraciones, con el objeto de repensar las políticas de intervención en el espacio público y favorecer la integración social y económica de la población senegalesa en el país
