El objetivo del Congreso del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) -en el que hubo representantes de España, Colombia, México, Uruguay y Argentina- fue conocer, compatir y debatir prácticas sostenibles en el tiempo y replicables de las Defensorías locales iberoamericanas, con el propósito de mejorar el trabajo de protección de los derechos humanos en las ciudades y el cumplimiento de la agenda 2030 y de los objetivos de ONU-Hábitat, así como establecer alianzas estratégicas para la consolidación de la Alianza Global del Omdusperson Local.
«Soy Defensora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad capital, la más importante de la Argentina», comenzó su alocución Muiños y enseguida hizo un diagnóstico general sobre el territorio porteño: «Es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Sin embargo, tiene una división del tipo político, social y económico entre el norte y el sur. Tenemos un norte muy rico y un sur muy pobre. Un norte superhabitado, con todos los servicios públicos y privados a disposición. Y un sur con una gran deficiencia en las viviendas, con viejas construcciones de complejos que fueron hechos en los años 80, difíciles de mantener, con más de diez pisos, con consorcios no constituidos, que generan que si se rompe el ascensor nadie lo arregla. Es una ciudad que no está pensada ni planificada y que va atrás del mercado».
Luego, la Defensora habló sobre la planificación urbana porteña en relación a la cantidad de habitantes: «Durante los últimos 16 años, en CABA se produjeron muchas reformas legislativas (cambios en los códigos de construcción y de planeamiento, por ejemplo) mediante las cuales se planificó una Ciudad para más de 3 millones de habitantes. Desde 1947, CABA tiene 3 millones de habitantes en forma constante, pero ingresan al territorio porteño otras 3 millones de personas por día para trabajar y estudiar, con lo cual el Gobierno de CABA tiene que tener una política para hacer más accesible la vivienda para estos 3 millones que ingresan y constituir una ciudad para 6 millones de personas»
Una de los principales déficits de la Ciudad es la falta de espacios verdes. Sobre esto Muiños opinó: «Tenemos una gran necesidad de espacios verdes y de acceso a los mismos. Hoy esos espacios están siendo coptado por operadores inmobiliarios. En CABA hay muchas viviendas vacías, producto de la especulación inmobiliaria. Viviendas diseñadas para gente con poder adquisitivo que obviamente la adquiere como refugio de valor o, a veces, para alquilar».
Además, la Defensora criticó que, con los cambios de normativa que hubo en el último tiempo, «se eliminaron, por citar un ejemplo, las convenciones de discapacidad dentro de los códigos. Hoy es posible, porque está permitido legalmente, construir en CABA una vivienda de 25 metros con un baño, donde no entra una silla de ruedas, por ejemplo. Estos movimientos, estas reformas, hacen a una Ciudad que expulsa a sus habitantes con la voluntad de tener habitantes nuevos, con mejor poder adquisitivo».
Sobre el final, Muiños habló sobre los barrios más humildes de la Ciudad y sobre el trabajo para urbanizarlos. «Respecto de los asentamientos urbanos, la Ciudad está en un proceso de urbanización o reurbanización, según el caso. A veces con mayor o menor éxito. Los asentamientos más pequeños, los más recientes, son más fáciles de urbanizar, para que los servicios públicos puedan instalarse. Cuando se deja crecer al asentamiento esto es mucho más difícil. Y ahí el Estado interviene de forma ineficiente. Como también fue ineficiente al permitir que los asentamientos crecieran. Y va a ser ineficiente en la forma de resolverlo, con materiales de baja calidad y con falta de planificación», dijo y pidió que «las Defensorías peleen su lugar en cada mesa territorial» en la que se debatan estos temas.
Del encuentro participaron: Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España; Yolanda Gómez, Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Santiago Saura, concejal del Ayuntamiento de Madrid; Ismael Rins, Presidente de AGOL; Guillermo Escobar Roca, director del PRADPI; Roberto Viciano, catedrático de la Universidad de Valencia; María Elena Laurnaga, Defensora de VEcinas y Vecinos de Montevideo, Uruguay; Julián Enrique Pinilla, personero Municipal de Bogotá, Colombia, y Eduardo Reyes Escamilla, síndico Municipal de Villa Victoria, México.
