Específicamente, las consultas de los inquilinos se quintuplicaron. La mayoría de los reclamos recibidos fueron de vecinos imposibilitados de tomar posesión de una vivienda alquilada como consecuencia del aislamiento obligatorio y presionados para pagar el alquiler a pesar de no poder hacer uso de la locación.
Además, se canalizaron consultas sobre recesión de contratos por falta de capacidad de pago, acumulación de deuda o aumentos ilegales a pesar del congelamiento.
Otras consultas estuvieron referidas a negativas para bancarizar los pagos (o pedidos de comisión extra para efectivizarlos), la retención indebida de reservas o señas de alquileres que por razones de fuerza mayor no se pudieron concretar, el cobro de comisiones inmobiliarias para renovar contratos que deberían prorrogarse por 180 días, o la exigencia para renovar contratos de locación, desconociendo la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de alquiler.
Mención aparte merecen las denuncias por parte de inquilinos que han sufrido amenazas de desalojo en hoteles familiares o en habitaciones de viviendas familiares. En estos casos, se identificó que la demora en el pago del alquiler o las exigencias de un pago mayor por parte del propietario fueron excusas para intentar desconocer la suspensión de los desalojos.
En cuanto a los consumidores y usuarios bancarios, se detectó que la mayoría de las consultas estuvieron relacionadas al alcance del Decreto 311/20, que establece la prohibición del corte de servicios públicos por falta de pago por 180 días.
Asimismo, se agregaron consultas por la imposibilidad de realizar pagos (dado que no todos los usuarios utilizan medios electrónicos y/o no se encuentran bancarizados), por las dificultades para acceder a fondos bancarios por no saber usar o por no poseer tarjeta de débito (en su mayoría adultos mayores), por servicios que no se están prestando pero se cobran igualmente (colegios privados, gimnasios, etc.), por cancelaciones de vuelos o paquetes turísticos, y reclamos por compras online en supermercados (entregas fuera de plazo o con faltantes).
Otras aréas temáticas con numerosos consultas fueron: jubilaciones y pensiones (5,36 %), comunicaciones (4,82 %), PAMI (4,10%), servicios públicos (2,74%), turismo (1,99%), políticas de inclusión social (1,94%), ANSES (1,92%) y salud – sector privado (1,22 %).
Estos 10 grandes temas aglutinaron el 43% del total de las consultas y reclamos recibidos, desde el 20 de marzo al 20 de abril.
Paralelamente, en el marco de la emergencia sanitaria, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor realiza a diario visitas a hospitales, geriátricos e institutos de niñez y adolescencia de la Ciudad, donde se reúne con las autoridades, dialoga con los trabajadores de cada institución y hace un relevamiento de las medidas de bioseguridad y los protocolos de actuación para la prevención de quienes se encuentran en esos lugares o por allí transitan.
En la misma línea, las Defensoras Adjuntas Bárbara Bonelli y Paula Streger encabezan la participación de este organismo en la campaña de vacunación en villas que, junto al IVC y los CeSAC, se está llevando a cabo desde hace más de una semana.
