El encuentro se realizó el miércoles 11 de noviembre en el marco del convenio celebrado entre la Defensoría del Pueblo porteña y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio Nacional de Desarrollo Social, introdujo el panel con las acciones de la Secretaría y resaltó las dificultades que se desencadenan a raíz de la exclusión social, poniendo foco en las dificultades relacionadas con el acceso a la educación.
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor señaló que «en medio de la pandemia más de 1.000 personas fueron expulsadas de las viviendas en los barrios populares, solo por haber sido sospechosas de COVID-19. Al no existir contratos formales para el alquiler de las viviendas, las personas son retiradas de su hogar a contra voluntad y sin ningún tipo de resguardo que las ampare».
Además estuvieron en presentes Ana Pastor, coordinadora de Acción Política de la ONG Madre Tierra; Nicolás Caropresi, referente nacional de MTE/Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; Andrea Poretti, coordinadora del Área de Vivienda de Cáritas Argentina; Araceli Ledesma, promotora de Integración Socio Urbana de Techo; y Diego Fonseca, coordinador general de Ser Comunidad.
