A casi un año del fallo judicial que confirmó la vigencia de la ley 2340 (un mes de monto máximo por comisión para alquiler de vivienda), se ha notado una tendencia mayoritaria al cumplimiento de la misma.
Pese a ello, muchas inmobiliarias han encontrado en los “gastos de informes”, en la certificación de firmas o en el 21% del “más IVA” nuevas formas de seguir tratando al inquilino como un donador de dinero que ni siquiera merece comprobante de pago.
Los reclamos recibidos por cobros indebidos al comenzar el contrato y retenciones de dinero al finalizarlo (no devolver el depósito, por ejemplo) se han duplicado durante los últimos diez meses en el Centro de Atención a Inquilinos de la Defensoría. Es comprensible: esos gastos representan un promedio de 15 a 25 mil pesos más en el presupuesto de quien alquila.
Al mismo tiempo, las quejas por aumentos siderales de las renovaciones de contratos (que superan un 70% para el primer año) también se multiplicaron por cuatro, al igual que las demandas por riesgos de desalojo ante atrasos en el pago de aumentos pactados.
Por eso, resulta fundamental descomprimir gastos que reducen cada vez más la capacidad de consumo de un tercio de hogares de nuestra ciudad, que se ven obligados a alquilar una vivienda, y controlar que las leyes se cumplan, que las avivadas se sancionen, que los abusos tengan una respuesta contundente y que cada vez que un inquilino paga, reciba la factura correspondiente.
Fernando Muñoz
Titular del Centro de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo
