Del encuentro también participaron el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra; el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface; la legisladora porteña por Unidad Ciudadana Paula Penacca y el legislador porteño por Vamos Juntos Maximiliano Ferraro.
Como resultado de esta mesa de diálogo que se reúne desde diciembre de 2017 se elaboró un informe titulado Mesa de Diálogo sobre Alquiler de Vivienda. Recomendaciones y propuestas de acción que tiene como objetivo lograr que más personas puedan acceder al mercado de viviendas en alquiler de la Ciudad de Buenos Aires.
Los expertos en Vivienda de la Defensoría del Pueblo porteña aportaron sus conocimientos y seguirán participando de esta mesa, que en agosto próximo realizará la devolución sobre el análisis de las Recomendaciones de la Mesa de Diálogo y su implementación, y entre septiembre y octubre elaborará el Informe de Seguimiento de la Mesa de Diálogo sobre la implementación de recomendaciones. Conclusiones de 2018 sobre la implementación de las recomendaciones y nuevos acuerdos a seguir en 2019.
LA SITUACIÓN ACTUAL
La problemática del alquiler cobra importancia en un territorio donde habitan casi tres millones de personas, de las cuales el 35.6% alquila, lo que representa cerca de un millón de inquilinos porteños.
En ese marco, la Ciudad tiene una fuerte disparidad entre la oferta y la demanda de alquileres, en especial para familias de sectores socio-económico medios y bajos a los cuales les cuesta acceder buenas opciones de viviendas con precios accesibles o no cuentan con los requisitos de presentar una garantía inmobiliaria o no cuenta con el dinero suficiente para afrontar todos los gastos y pagos por adelantados que hay que realizar al ingresar a un alquiler.
LOS EJES EN QUE TRABAJA LA MESA DE DIÁLOGO
Esta Mesa de Trabajo aborda esta problemática desde cuatro objetivos diferentes: derribar las barreras al acceso a los alquileres; promover mecanismos que faciliten la permanencia en la vivienda; diversificar el parque habitacional para incrementar el stock de viviendas disponibles y accesibles a los distintos grupos poblacionales que habitan la Ciudad y mejorar la institucionalidad y condiciones del mercado.
LAS POSIBLES MEDIDAS A TOMAR
Como respuestas a estos objetivos, la Mesa de Diálogo propuso las siguientes respuestas:
-Brindar el servicio de certificaciones de firmas gratuitas para contratos con fines de locación habitacional en las Comunas.
-Expedir en forma gratuita los informes de dominio a los/as potenciales locatarios/as de inmuebles con destino de vivienda que lo requieran (a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble, o el organismo que en el futuro lo reemplace). El decreto reglamentario establecerá el modo de acreditar el uso exclusivo de estos informes para fines locativos.
-Para destacar la existencia de la Ley 5.261 y la Ley Nacional 23.592, establecer la consideración de acto discriminatorio por parte del locador/a y/o del corredor inmobiliario: La restricción de alquilar a cualquier persona, por razones de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente. La restricción de alquilar a personas con hijos/as menores de edad.
-Crear una normativa para que en toda publicación de oferta de alquiler el corredor/a deban publicitar explícitamente 2 o más tipos de garantías, para lo cual deberán informar al propietario/a de los distintos sistemas de garantías existentes y sus efectos. El propietario/a optará finalmente por alguna de las garantías ofrecidas.
-Estudiar cómo mejorar garantía de Banco Ciudad para que empiece a ser aceptada masivamente como una buena alternativa en el mercado.
-Estudiar la posibilidad de implementar el Sistema de Pago Asegurado para los/as inquilinos/as trabajadores/as del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que reemplazará para sus adherentes cualquier otro tipo de garantía prevista en los contratos de alquiler.
-Estudiar la creación de un fondo aunando las fuerzas de inmobiliarias, gobierno y empresas privadas como las aseguradoras para que sirva de seguro que cubra la falta de pago de alquiler y daños, reemplazando la tradicional garantía propietaria
-Desarrollar una campaña en medios gráficos y audiovisuales sobre mitos, derechos y obligaciones de inquilinos/as y propietarios/as.
-Crear un mecanismo de consolidación del ahorro para el acceso a un alquiler nuevo o la renovación del alquiler, en el cual el Estado participe del ahorro por partes iguales con el beneficiario utilizando una herramienta en UVAs.
-Estudiar cómo mejorar el programa Alquilar Se Puede y generar incentivos para que los/as propietarios/as registren sus inmuebles en el programa. Proponemos ver el caso de exención aplicable a los inmuebles para Alquiler Social (Ejemplo tomado de Ley 5939)
-Generar un proyecto de ley que promueva la construcción de viviendas asequibles
-Créditos a la refacción de vivienda condición de su puesta en alquiler por determinado tiempo a familias acreditadas en un registro Público a cargo del IVC y con acompañamiento/aval social de un programa de alquileres.
-Estudiar la situación actual de la vivienda ociosa en la CABA para delinear programas o propuestas con el objetivo de incorporar esas viviendas al mercado inmobiliario para ser utilizadas como viviendas pasibles de ser habitadas.
-Dado que existe correlación entre costos de construcción y precio final, sugerimos mejorar los tiempos y procesos de aprobación de obras para transparentar y hacer más ágil el proceso de construcción o reparación de viviendas
-Registro obligatorio y gratuito del contrato en AGIP. En este caso se sugiere contemplar incentivos/castigos para que los propietarios y propietarias se vean impulsados e impulsadas a registrarlos.
-Desarrollar un “Contrato Modelo de Alquiler” para todos los contratos de locación destinados a vivienda que se suscriban en la CABA, y ofrecerlo en las comunas y en la página web del IVC.
-Uso de las Comunas y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para la mediación gratuita y asesoramiento legal gratuito con el objetivo de resolver conflictos entre inquilinos/as y propietarios/as.
-Destacar la importancia de que el gobierno vele por el cumplimiento de la ley 5.115 sobre acciones especiales para personas con discapacidad.
