Desde que se publicó el decreto presidencial que prorrogó los contratos de alquiler, suspendió los desalojos, congeló alquileres y bancarizó los pagos, el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo recibió más de mil consultas de inquilinos. El perfil de la demanda se compone de la siguiente manera:
El 60% de las consultas tuvo que ver con personas que habitan una vivienda que debían entregar el 31 de marzo y no habían tomado posesión del nuevo inmueble alquilado por razones de fuerza mayor (aislamiento obligatorio). Son inquilinos que tienen presión para pagar dos alquileres, y desconocen que la emergencia sanitaria es suficiente razón para ser eximidos del pago mientras no hagan uso de la nueva locación.
El 18% de las demandas se originó en personas que querían rescindir su contrato por no poder seguir pagando el alquiler (terminar el contrato y reubicarse en casa de familiares), por la posibilidad de acumular deudas al no tener ingresos o porque estaban siendo perjudicadas por aumentos ilegales que no respetan el congelamiento.
El 9% de los reclamos se vinculó con personas que fueron amenazadas con ser desalojadas, situación más frecuente en hoteles familiares o en habitaciones de vivienda familiar donde el inquilino o la inquilina tienen que convivir con el locador. La demora en el pago del alquiler por falta de ingresos, o exigencias de pago mayor de parte del propietario fueron algunas de las excusas utilizadas para intentar desconocer la suspensión de desalojos.
El 6% de las consultas estuvo relacionado con la negativa de bancarizar el pago -o pedir comisión extra para efectivizarlo-., quedarse con reserva o seña de alquileres que por razones de fuerza mayor no se van a concretar o cobrar comisión inmobiliaria para renovar contratos que deberían prorrogarse por 180 días.
Y otro 6% tuvo que ver con la exigencia de renovar el contrato de locación y desconocer la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de alquiler. De esta manera se libera el precio de la nueva locación y se aplica muchas veces comisiones ilegales.
«No hay dudas que sin norma o decreto presidencial, la violación del derecho a la vivienda hubiese sido una catástrofe social. Antes de la pandemia, la Defensoría advirtió una y otra vez que la libertad del mercado inmobiliario había elevado la curva de gasto de bolsillo inquilino, hasta llegar al 50% de los ingresos salariales. Sin embargo, la falta de conocimiento de la realidad inquilina por ausencia de registros oficiales abre una puerta enorme de incertidumbre sobre lo que puede pasar los próximos meses: la capacidad de pago de los miles de contratos que se firmaron en marzo con nuevos precios, los nuevos ajustes y las deudas que se acumularán para el último trimestre del año» sostiene Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.
Quienes tengan dudas o consultas pueden comunicarse con el programa llamando de lunes a viernes de 10 a 18 al 0800-999-3722, enviando un correo-e a atencioninquilinos@defensoria.og.ar o escribiendo al Whatsapp 112-254-6185.
