La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para la instalación de medidores de agua en edificios nuevos, con el objetivo de fomentar facturaciones más equitativas y colaborar con el ahorro y el desarrollo sostenible de este recurso no renovable.
Este proyecto surge a raíz de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, ya que representa un recurso natural esencial para el goce de los derechos humanos y constituye a su vez un elemento imprescindible que hace a la dignidad de las personas. En ese marco, desde la Defensoría consideramos indispensable adoptar medidas tendientes a evitar el derroche y a optimizar su uso racional, sin que ello implique de ninguna manera privar o restringir indebidamente su consumo.
¿POR QUÉ SE IMPULSA ESTE PROYECTO?
En nuestro país el acceso al agua constituye un servicio público de carácter esencial, el cual debe ser prestado de forma obligatoria, regular, continua y en condiciones de igualdad y universalidad. Tal cual lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, las autoridades deben proteger los derechos de consumidores y usuarios, así como proveer a “la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.
Esta Defensoría del Pueblo advierte que en la prestación actual del servicio, los métodos utilizados para calcular las tarifas pueden mejorarse en pos de garantizar el acceso de todas las personas al agua potable y el saneamiento, así como fomentar el consumo racional y sustentable de la mano de una facturación razonable, más justa y equitativa.
El sistema hasta ahora implementado se basa, en la mayoría de casos, en un cálculo en función de la superficie de las viviendas de los usuarios, junto a coeficientes relativos a la calidad del inmueble y al indicador zonal. Así, a diferencia del resto de servicios públicos esenciales, la facturación por el servicio de agua no se encuentra vinculada al consumo real por parte del usuario.
Por otra parte, resulta fundamental tener en cuenta que medir y facturar el consumo de agua, en un contexto de aumentos tarifarios, podría generar restricciones y limitaciones en el consumo de determinados sectores de la población, situación que vulneraría los principios de no regresividad y de progresividad en materia de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo entiende que una modificación legislativa del Código de la Edificación de la Ciudad, podría colaborar a resolver en el mediano plazo de forma justa y razonable esta problemática.
¿CÓMO SE CALCULARÍA EL GASTO DE AGUA CON ESTE PROYECTO?
En este sentido, el proyecto contempla la instalación de un medidor de agua para cada unidad funcional y otro para los espacios comunes en los edificios de propiedad horizontal nuevos de la Ciudad.
Además establece que la provisión de dichos medidores será de forma gratuita, de acuerdo a la actual política de AySA.
Por último, con el objetivo de elaborar un reglamento técnico para proyectar y ejecutar las instalaciones, el GCBA conformará una mesa técnica integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento, AySA S.A., los consejos profesionales de arquitectura e ingeniería, y las asociaciones de defensa de usuarios de servicios públicos.
