El acceso de toda la población a los servicios públicos esenciales -en condiciones de calidad y cantidad adecuadas y suficientes- resulta indispensable para el goce de diversos derechos humanos ampliamente reconocidos en instrumentos regionales y universales. A su vez, las personas electrodependientes son aquellas que por cuestiones de salud requieran un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.
Sin embargo, a pesar del gran avance que la norma representa advertimos desde la Defensoría del Pueblo que existe una gran desinformación acerca de la existencia del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), del modo de tramitar su acceso y de los beneficios que gozan los usuarios electrodependientes y su forma de garantizarlos.
Por tal motivo, el presente proyecto de ley se constituye como una herramienta imprescindible para reforzar y hacer posible el cumplimiento de los derechos de los electrodependientes, estableciendo el deber de las empresas distribuidoras del servicio público de energía eléctrica de brindar información suficiente y adecuada sobre lo dispuesto por la Ley 27.351, al igual que los centros de salud públicos y privados hacia los pacientes cuyo tratamiento requiera equipos alimentados a la electricidad. Este último punto resulta esencial para los usuarios que aún no se encuentren inscriptos en el RECS, ya que con esta iniciativa además de recibir la información necesaria por parte de las distribuidoras, centros de salud y médicos, podrán obtener con mayor facilidad las constancias, documentación necesaria y asistencia para completar el formulario de inscripción.
Se reconoce como antecedente el expediente 2733-D-2018, de autoría de los diputados Leandro Halperín, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia y Patricia Vischi, con estado parlamentario vigente.
