En primer término, Agustina Panissa, integrante del centro, detalló las conclusiones de un informe elaborado sobre el estado de situación de los organismos de protección de derechos de la infancia en la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre las Defensorías zonales dependientes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA, indicó que cumplen un rol fundamental y que encabezan el 89% de las intervenciones.
Además señaló la situación de cinco Defensorías zonales del sur y del norte de la Ciudad, y reconoció que se encuentran en situaciones totalmente disímiles: “Las comunas del sur atienden una mayor cantidad de casos, y son las que se encuentran con mayores dificultades”. En este sentido, resaltó la necesidad de que cada comuna reciba los recursos acordes a sus particulares, y detalló las deficiencias en materia de la conformación de los equipos técnicos, los recursos materiales disponibles, los lugares de atención, y la situación del personal, entre otras.
A continuación, Romina Picirillo, trabajadora de la Defensoría de Villa Zabaleta y delegada gremial de ATE, resaltó que “las Defensorías zonales reciben casos y situaciones que deberían resolverse en otras instancias de la política pública. Hay responsabilidad del organismo de aplicación y de otros ministerios”.
Asimismo, hizo especial mención a la situación laboral en las Defensorías zonales: “No se puede pensar una política pública para grupos en situación de vulnerabilidad social sin pensar en una política de cuidado hacia sus trabajadores y trabajadores”.
El coordinador del Departamento de Violencia Familiar del Hospital de Niños Pedro Elizalde, Javier Indart, se refirió a la cantidad de casos atendidos y la falta de personal en dicho nosocomio: “El estado de bienestar de un niño, niña o adolescente no es una situación aislada, depende del aporte de todos en la comunidad. Hay que encontrar el aporte y la solución entre todos”.
Marisa Herrera, abogada y especialista en derecho a la familia del CONICET, abordó el entrecruzamiento entre el sistema de protección de los derechos de la infancia y el sistema de adopción, y la importancia del rol de los organismos locales.
En un segundo panel, María Elena Naddeo, directora del Centro de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría, se refirió al protocolo contra la violencia de género que se está trabajando desde la institución, e indicó que apunta al reconocimiento de la problemática, a la capacitación de equipos docentes y de la comunidad educativa, al conocimiento de los circuitos existentes de atención e intervención, y al rol de la escuela, en cuanto a la designación de responsables institucionales y la aplicación de medidas ante situaciones de agresión.
Además, llamó la atención sobre las situaciones de agresiones físicas, psíquicas y sexuales entre parejas y compañeros de escuela, y apuntó a la necesidad de una mejor articulación entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la perspectiva de género.
«El circuito de subordinación de género se reproduce y refuerza un modelo cultural. La violencia de género es una problemática que debemos abordar con mucha fuerza y sinergia. La lucha contra la violencia de género desde la temprana edad es la mejor herramienta de prevención”, concluyó Naddeo.
Por su parte, Camila Olveira, estudiante de la Escuela Técnica Raggio, recordó que parte del reclamo durante las tomas de colegios contra la reforma educativa, incluía también la elaboración de un protocolo contra la violencia machista así como la total implementación de la ley de educación sexual integral.
La secretaria pedagógica de UTE-CETERA, Angélica Graciano, criticó duramente el proyecto de reforma educativa, y aseguró que “la escuela argentina es un gran articuladora y garantía de derechos”.
Evangelina Aguilar, docente del Centro Educativo Isauro Arancibia, se refirió a la situación de ese establecimiento: “El sujeto social que llega al colegio es víctima de múltiples violencias. Es necesario un protocolo en el Ministerio que unifique y agilice la respuesta a las personas víctimas de violencia de género”.
En un tercer panel sobre las iniciativas y respuestas del sistema de prevención y asistencia a las mujeres, Silvina Lico (integrante del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género) recordó los esfuerzos que se están llevando adelante para la implementación de un registro único de denuncias de violencia de género en la Ciudad. En este sentido afirmó que “las estadísticas son imprescindibles para diagnosticar y proyectar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), se refirió a la labor de esa dependencia y aseguró que existe una desidia judicial y una deficiencia en la mirada de género en el tratamiento de los casos: “Necesitamos que los crímenes de género sean condenados como femicidos”.
Finalmente, la directora de la Mujer de la CABA, Agustina Señoranz se preguntó acerca de cómo lograr que las políticas públicas sean lo más efectivas posibles, y marcó la necesidad de un cambio cultural y la conformación de redes de trabajo para que “quienes trabajamos en violencia de género tengamos la mayor y mejor información de qué hace cada organismo y cuáles son los recursos disponibles”.
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