Organismos especializados en infancia y adolescencia presentaron recientemente diversos informes de los cuales surge claramente que niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de las situaciones de violencia que atraviesan la vida intrafamiliar, la violencia social, el gatillo fácil, las adicciones y los circuitos de venta ilegal de sustancias.
Las iniciativas tendientes a endurecer el Código Penal y a encontrar “chivos expiatorios” del delito son vistas en el marketing político como favorables para congraciar al gobierno con una opinión pública que reclama mayores niveles de tranquilidad y bienestar.
Los organismos internacionales estudiosos de esta temática señalan que el aumento de la edad de punibilidad no incide en la baja del crimen. Además, se indica que la participación de adolescentes en delitos de gravedad tiene una participación ínfima, casi inexistente en lo que hace a homicidios y violaciones. Aun considerando una mayor presencia relativa de adolescentes y jóvenes en los delitos contra la propiedad, se reitera que es preciso priorizar en las decisiones el eje de la prevención y no de la punición.
El sistema penal, en cualquiera de sus expresiones, demostró no ser una herramienta eficaz para la rehabilitación o resocialización de quienes ingresan a sus dispositivos. Por ello, es preciso centrar el esfuerzo de las instituciones del Estado, de los ámbitos parlamentarios, de los ministerios, en repensar las políticas públicas existentes y proponer en reemplazo de las viejas recetas punitivistas y represivas nuevos y mejores programas de afirmación de derechos para los y las adolescentes, con inclusión social, educativa y laboral de alcance pleno en las barriadas populares y en general en toda la población juvenil
Derogar el Decreto-Ley 22.278 –Régimen Penal de Menores– es un desafío necesario, pero solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca reales alternativas de socialización. El nuevo sistema deberá ofrecer, además del debido proceso, un sistema de penalidades mínimas con la privación de libertad como última ratio y dispositivos o programas alternativos de responsabilización, en la misma franja etaria de 16 a 18 años.
A su vez, habrá que revisar cuales son las acciones que se están realizando para que los jóvenes mayores de 18 años, que hoy ingresan al sistema penal de adultos, cuenten con programas de egreso que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónoma y prevenir nuevas situaciones de violencia.
El esfuerzo de las acciones gubernamentales debe estar al servicio de una mayor inversión en el nivel educativo, en los programas sociales de inclusión y participación ciudadana para los y las jóvenes de los sectores populares. Más escuelas, más programas culturales y deportivos, menos cárceles y menos dispositivos represivos.
