Con la ratificación, nuestro país se comprometió internacionalmente a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar los derechos consagrados en la Convención y asegurar su aplicación a todos/as los/as niños/as y adolescentes, sin distinción alguna. Las instituciones tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tener una consideración especial por su interés superior.
Este Tratado que se ocupa de manera específica de los derechos de niños, niñas y implicó un cambio paradigmático en la manera de reconocer a niños/as y adolescentes que pasaron de ser considerados como “menores tutelados” a ser reconocidos como sujetos de derecho que gozan de derechos tales como ser escuchados, que su opinión sea tenida en cuenta en los asuntos que les conciernen, tienen derecho a la libertad de pensamiento.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por la República Argentina en 1990, y tiene jerarquía constitucional desde 1994.
