REC: Quisiéramos empezar la entrevista con uno de los temas que consideramos centrales de la agenda feminista en nuestro país, que es la violencia de género como práctica estructural que violenta gravemente los derechos humanos de las mujeres y las diversidades y que tiene a los femicidios como su expresión más brutal. Ya han pasado más de 6 años desde ese histórico grito colectivo que fue el primer “Ni Una Menos” en nuestro país y, sin embargo, la tasa de femicidios y travesticidios se sigue manteniendo muy alta. Si bien los femicidios no se han incrementado durante la pandemia de Covid-19, sin duda las violencias si lo han hecho. Entonces, ¿qué avances en materia de política pública podés identificar y cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante para lograr prevenir adecuadamente la violencia de género, proteger y reparar integralmente a las víctimas y sancionar a sus agresores?
E.G.A.: En primer lugar, me parece importante resaltar que nosotras estamos convencidas que, sin institucionalidad de género a nivel local, provincial y nacional es fácticamente imposible pensar que se pueden reducir las violencias en general y las violencias extremas en particular. Este tema obviamente nos preocupa muchísimo y por eso estamos trabajando muy fuertemente desde el Ministerio. Uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos es la debilidad institucional que teníamos en todas las jurisdicciones y por eso nos planteamos como uno de nuestros principales objetivos fortalecer esa institucionalidad. Estamos acompañando a más de 170 municipios en el país para crear o fortalecer áreas de género y estamos también acompañando económicamente a 19 provincias y asistiéndolas para robustecer sus áreas de género. Para nosotras presupuesto e institucionalidad que pueda pensar políticas de prevención, asistencia, protección, reparación y acceso a la justicia son fundamentales para combatir la violencia. La segunda cuestión clave es trabajar con los tres poderes del Estado con información, sin importar si es el Poder Judicial, el Ejecutivo local o Provincial. Con información que nos permita hacer algo que hasta ahora no existía que es la trazabilidad de los casos y de las situaciones de violencia de género. De modo tal que, cada vez que una mujer pida ayuda al Estado, éste no intervenga como si fuese la primera vez sino que pueda hacer el seguimiento de la situación a lo largo del tiempo y que ese mismo sistema de información trabaje con alertas e indicadores de riesgo. Para eso, lo digo en todos lados, la política más ambiciosa que tiene el Ministerio en materia de violencia de género es el sistema integrado de casos en violencia de género, un sistema que ya integran todas las provincias, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y que propende fundamentalmente a que todas las intervenciones que haga el Estado -no todas las denuncias sino todas las intervenciones- respecto de cada persona por situaciones de violencia de género, estén ingresadas e integradas de modo tal que todo el mundo haga su propio aporte sobre la información de sus propias intervenciones pero que se pueda nutrir del aporte de todos y todas. Este sistema va a estar también vinculado a otro sistema que depende del Ministerio de Seguridad que es el URGE que busca unificar todo el sistema de denuncias policiales en todo el país. También estamos trabajando con los Poderes Judiciales. Ya hemos firmado con el Poder Judicial de Mendoza y con el de Tucumán y estamos trabajando con los Superiores Tribunales de todas las Provincias y con los Ministerios Públicos. Estuvimos hace muy poquito en una reunión con la representación de todos los Ministerios Públicos para articular con ellos. La idea es que toda esa información esté disponible. Es una información muy importante, porque comprende no solo información sobre las víctimas de violencia sino también sobre sus agresores y, fundamentalmente, sobre las distintas intervenciones efectuadas por cada una de las jurisdicciones del Estado. Y el resultado es un sistema de alertas e indicadores de riesgo que nos va a permitir identificar las situaciones de mayor urgencia. Si tratamos todas las situaciones y denuncias del mismo modo, entonces vamos a tener siempre los mismos indicadores, las mismas tasas de femicidios y travesticidios. Para nosotros trabajar en la institucionalidad y trabajar con información es clave. A eso le sumamos todas las demás políticas que venimos desarrollando. Sabemos que la autonomía económica es absolutamente clave para las mujeres y vamos a llegar a fin de año habiendo asistido a 100.000 mujeres en todo el país con el programa acompañar, que es un programa que garantiza un salario mínimo vital y móvil de treinta mil pesos ($ 30.000) por seis meses. Avanzamos también con el programa Producir para pensar como anclamos el día después del programa Acompañar. Estimamos llegar a cerca de 200 organizaciones o emprendimientos productivos en todo el país, priorizando a mujeres indígenas, a mujeres rurales, a mujeres migrantes, a mujeres que han estado privadas de su libertad o en contexto de encierro. Y después todo lo que tiene que ver al acceso a derechos. Nosotras sabemos que cuando una mujer está en una situación de violencia de género, llegó a esa situación por una multiplicidad de causas y lo que buscamos es trabajar con toda esa vulnerabilidad, que a veces es económica pero también laboral, migratoria, de educación, de vivienda. El Programa “Acercar Derechos” es un programa integral que ya tiene 36 equipos trabajando en todo el país -y tenemos el objetivo de llegar a 80 en el marco de nuestra gestión-; con equipos interdisciplinarios y equipos móviles que van al territorio que buscan conectar en cada situación concreta un montón de otros programas nacionales, provinciales y municipales para dar, en cada caso, la respuesta que se necesita. En síntesis, estamos trabajando muy fuertemente, con mucha institucionalidad y mucha información, articulando con provincias y municipios, sumando programas que apunten a garantizar la autonomía económica y los derechos vulnerados de las mujeres.
REC: El 30 de diciembre de 2020, luego de décadas de lucha, el movimiento feminista logró una de sus más históricas conquistas que apunta directamente al corazón del patriarcado: la ley nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para mujeres y personas gestantes, que es un ejemplo para toda la Región. A casi 9 meses de su entrada en vigencia en todo el territorio nacional, ¿Cuál es el balance en términos de aplicación efectiva? ¿Qué datos disponemos? ¿Qué obstáculos y resistencias encontramos a su implementación?
E.G.A.: El saldo hasta acá es muy positivo, aunque no ha sido sin obstáculos. Primero hay que decir que el sistema de salud de nuestro país es tripartito, tenemos un sistema de salud público que está centralmente en manos de las provincias; un sistema de salud vinculado a las obras sociales y un sistema de salud privado, vinculado a las prepagas. Lo que hemos logrado inmediatamente es que se pueda acceder al derecho en todas las provincias. Esto es el primer dato. El Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud ha trabajado para la compra, provisión y distribución en todo el país de botiquines que incluyan el Misoprostol y también ha trabajado mucho, no tengo acá los números exactos, en la formación de los efectores de salud provinciales para que se pueda llevar adelante la práctica de la IVE. Asimismo, hemos presentado los protocolos de IVE y de ILE y hemos trabajado muchísimo en todo lo que implica las redes de derivación. Porque la ley contempla -y yo concuerdo con esa incorporación- el derecho a la objeción de conciencia. Y obviamente el sistema de salud público tiene la obligación de tener efectores, profesionales que igualmente presten, aseguren la prestación. Sin embargo, en el sector privado nos encontramos con situaciones en las que todos los profesionales de una institución son objetores u objetoras de conciencia. En esos casos, están obligados a hacer una derivación y entonces se ha trabajado muy fuertemente desde el Ministerio de Salud para asegurar que esas derivaciones no obstaculicen el derecho al acceso a la práctica. Eso es clave. Por otro lado, cabe destacar que se han interpuesto más de 40 acciones judiciales que han intentado obstaculizar y declarar la inconstitucionalidad de esta ley y todas fueron rechazadas en distintas instancias y con distintos argumentos. Eso también viene a demostrar la enorme legalidad, además de la legitimidad, que tiene esta norma. Actualmente, hay además provincias que están produciendo misoprostol que antes no lo hacían como San Luis o como Santa Fe que lo venía haciendo pero ahora logró tener la autorización para distribuir a nivel nacional. También se está produciendo en la Provincia de Buenos Aires y creo que también en Río Negro, entre otras. Esto no quita que en algunos lugares la situación no haya sido compleja, como sucedió con la detención de una médica por casi 24 horas por una ILE. Esa acción en particular la destaco porque más allá de la acción judicial y de la intervención del Poder Judicial, la detención de esta profesional por una denuncia penal de un delito que tiene una pena ínfima no puedo dejar de pensarla como una forma de disciplinamiento muy grande para aquellos médicos y medicas sobre todo en provincias donde hay muchos efectores que son objetores de conciencia.
REC: Hablando de justicia, el movimiento feminista viene desde hace muchos años denunciando los múltiples obstáculos que tienen las mujeres y las disidencias para acceder a justicia, así como la falta de perspectiva de género ínsita en las lógicas, discursos, prácticas y en la cultura del Poder Judicial. De hecho, la necesidad de una reforma judicial feminista fue una de las principales demandas de la última movilización del 8M y es uno de los temas de agenda centrales de los movimientos de mujeres y de las diversidades. ¿Cuál es la importancia que el Ministerio le otorga a esta agenda? y ¿Cómo repensar una justicia en clave feminista?
E.G.A.: Nosotras creemos que este es un tema central. Cuando armamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias que se hizo con foro participativo que contó con una amplia convocatoria a la sociedad civil, el acceso a justicia y la necesidad de una reforma en clave feminista surgió como un tema recurrente. Las dificultades que tienen las mujeres y el colectivo LGTBQ+ para el acceso a la justicia son enormes. Por un lado, por las respuestas burocratizadas o las malas respuestas del sistema; por otro, por la revictimización que hace el propio sistema de administración de justicia para quien es víctima. Para nosotras es un tema central por dos razones. Primero, hay que decir que los poderes judiciales -en plural porque en Argentina no hay un solo Poder Judicial sino que coexisten 25 poderes: uno por cada provincia, uno por la Ciudad de Buenos Aires y uno federal- tienen una imagen negativa muy grande de toda la sociedad y todavía mayor cuando se trata de mujeres. De hecho, según la UCA solo el 7% de la gente cree que el poder judicial le va a poder resolver sus problemas. Esto solo ya es un gran problema. Estamos frente a un poder judicial que está lejos de satisfacer las demandas de la sociedad. A esto se suma que el Poder Judicial es un poder históricamente masculino, masculinizado, con prácticas bastantes reactivas con lo que tiene que ver con la empatía, la cercanía con la gente. Y esta matriz estructural se exacerba cuando interviene en situaciones de violencia de género, pero está presente en cualquier situación que intervenga una mujer, ya sea como imputada en un delito o cuando se reclaman alimentos. Falta perspectiva de género en el Poder Judicial. Por eso, el año pasado, el Ministerio creó unos lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las administraciones de justicia. Se efectuó un diagnóstico y se plantearon lineamientos muy concretos enderezados a modificar prácticas concretas dentro de los foros judiciales. Voy a poner un ejemplo muy claro, así como tenemos 25 poderes judiciales, tenemos 25 Ministerios Públicos Fiscales de la acusación. Los 25 titulares son varones. Es cierto que la incorporación de mujeres de por sí, no incorpora perspectiva de género, aunque es un paso. Por eso es muy importante algunos pequeños avances que hemos dado como que en las entrevistas para ser juez o jueza, fiscal o fiscala, se interrogue sobre temáticas vinculadas al género como, por ejemplo, saber qué es el techo de cristal. Actualmente no tenemos formación obligatorioa en las carreras de grado de Derecho de perspectiva de género. Tenemos incluso resistencias de la propia Corte Suprema para capacitarse. Hay que trabajar mucho con las capacitaciones. Hay que hacer reformas integradas a las prácticas y a las lógicas judiciales. Hay que trabajar verdaderamente con lo que implica el acceso a justicia. Tenemos que pensar que hay una parte de los procesos judiciales que requieren si o si el patrocinio jurídico y que no es gratuito y que cuando se consigue no quiere decir que los abogados y abogadas que acompañan tengan perspectiva de género. De hecho, muchas veces en los procesos judiciales el profesional que esta acompañando a esa mujer tampoco tiene perspectiva de género. El recorrido judicial de una víctima es muy intrincado. Para las personas comunes entender que haces una denuncia en un lugar pero que luego de ahí la denuncia se deriva, por un lado al fuero penal y, por otro al civil, no es sencillo. A ello sumale que se dictan medidas inmediatas pero, si las queres prorrogar porque la situación de violencia no cesó, se necesita un/a profesional matriculado/a. Todo el proceso es muy complicado para una persona que está en una situación de máxima vulnerabilidad e inmersa en un contexto de violencia de género. En definitiva, muchas veces la respuesta que la víctima recibe está muy alejada de sus necesidades reales. En particular, son pésimas las respuestas vinculadas a situaciones de violencias sexuales, sobre todo en niñez y adolescencias. Hoy estas respuestas quedan más en evidencia y ya no pasan desapercibidas y hay una necesidad clara y explícita de buscar respuestas distintas a las que siempre se dieron. No es solo el movimiento de mujeres sino la sociedad en su conjunto la que está interpelando al Poder Judicial. El caso de Úrsula fue en este sentido un parte aguas y lo pongo como ejemplo porque fue inmediatamente anterior al 8M. No puede ser que una denuncia que se interpone un viernes en una comisaría recién se le de tratamiento al lunes siguiente, que si no hay botones antipánico entonces no se hace nada o que el mismo agresor sea denunciado por varias mujeres y nadie se entere. Hay cosas que ya no pueden seguir pasando y que hay que trabajar en conjunto. Porque no es solamente el poder judicial sino también la policía que depende de los poderes ejecutivos. Por eso para mí, esto que yo les decía antes del sistema de información es absolutamente clave par que la primera persona que escucha a esa mujer tenga toda la información que necesita para un abordaje integral.
REC: El avance de la agenda del “cuidado” es ya un hecho innegable en nuestro país. Se trata de un debate crucial en términos de igualdad porque el trabajo no remunerado y su distribución es, como sabemos, uno de los nudos críticos de la desigualdad de género. Sin embargo, aunque se advierten avances significativos en los últimos años, aún son muchos los desafíos que tenemos pendientes. ¿Cómo se articula la agenda del Ministerio en torno a este debate central?¿Cuál es la hoja de ruta para repensar estratégicamente esta agenda y avanzar en políticas integrales?
E.G.A.: En primer lugar el hecho de que sea innegable la inserción del tema de los cuidados en la agenda política es ya un avance importante. Nosotras llegamos al Ministerio el 10 de diciembre del 2019, todavía no teníamos donde sentarnos, pero en febrero ya habíamos armado la Mesa Interministerial de Cuidados. Es un tema clave. Sin trabajar cuidados no vamos a poder trabajar en el mediano plazo ni desigualdad ni violencia porque la violencia esta vinculada a la desigualdad. A mayor violencia mayor desigualdad. Para las mujeres y los cuerpos femenizados, la desigualdad esta basada, en nuestro país y en el mundo, en la injusta distribución de los cuidados. Este es un tema que tiene un importante nivel de complejidad porque tiene una enorme pata cultural por lo que no es algo que se pueda transformar haciendo exclusivamente una reforma normativa ni con una inversión exclusiva en un único ministerio. Hay que trabajar articuladamente dentro y fuera del Estado. Hay que trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social porque tiene Infancia y todo lo que hace a las tareas comunitarias; con Educación; con PAMI porque están los cuidados de las personas mayores; con el Ministerio de Trabajo porque hay que tutelar los derechos de las y los trabajadorxs que brindan los cuidados en los distintos ámbitos; con Obras Públicas porque sin infraestrutura de cuidados no podes avanzar en el servicio del cuidado público; con el Ministerio de Economía; con el de Salud; con el sector privado. Y obviamente, tenemos que trabajar en reformas normativas. Tenemos que modificar las licencias porque si el Estado le sigue diciendo a los hombres que tienen 48 hs de licencia por el nacimiento de un hijx, le está diciendo mucho más que eso. Le está diciendo cuál es el lugar que tiene la paternidad en nuestro sistema social. Así que también hay que transformar esto, crear un sistema y crear institucionalidad. Por eso creamos la Mesa Interministerial y queremos darle institucionalidad y diseñar e implementar políticas de estado, de lo contrario va a ser imposible avanzar en servicios estatales de cuidados para las personas mayores, personas con discapacidad, para la niñez. Nuestra hoja de ruta es trabajar para presentar un proyecto de ley para la creación de un sistema integrado federal de cuidados. También creamos y pusimos en marcha este año con la ayuda del CEPAL un Mapa Federal de Cuidados que nos permite establecer dónde están los recursos, dónde faltan y qué es lo que falta. Sin esta información se trabaja a ciegas y es imposible desarrollar políticas públicas eficientes. Y respecto a la pata cultural que mencionaba antes, estamos trabajando con la campaña “Cuidar en Igualdad”, con parlamentos de cuidado en todo el país, porque necesitamos el involucramiento de la sociedad civil de los sindicatos, del sector privado, de las provincias. Yo creo que los cuidados es uno de los temas más complejo de abordar en materia de políticas públicas porque muchas veces se puede reproducir la idea de que son una responsabilidad y una tarea de las mujeres. Y ese estereotipo es justamente lo que tenemos que transformar. Hay algunas de las medidas que llevamos adelante en este periodo que, para mí, son clave como el reconocimiento de años de aporte por tareas de cuidado porque valoriza un trabajo que siempre estuvo invisibilizado. La injusta organización del cuidado repercute en desigualdades y esas desigualdades repercuten en violencia y vulnera la autonomía económica de las mujeres. Hoy, 7 de cada 10 personas pobres en nuestro país son mujeres. En esta estadística impactan los cuidados. Y no solamente las mujeres somos más pobres, sino que, además, las mujeres estamos solas criando a lxs hijxs por eso la desigual distribución de las tareas de cuidado también repercute en los pibes. Cuando uno tiene ese mapa es muy sencillo entender que esa es la tarea principal que tenemos por delante y que requiere de reformas normativas, de mucha inversión, mucha coordinación del Estado, de la creación de institucionalidad y del trabajo organizado y planificado del Estado. No de un gobierno. Nosotros desarrollamos estas políticas en dos años de pandemia, pero el trabajo hay que hacerlo en cinco, diez, quince, veinte años.
REC: Retomando el tema de la pobreza que mencionabas recién, la evidencia empírica nos muestra que la pobreza afecta desproporcionadamente a las mujeres y que la crisis generada por la pandemia de Covid-19 profundizará esa brecha. Un informe de la CEPAL de febrero de este año ya daba cuenta que la tasa de participación laboral de las mujeres en la Región había retrocedido más de una década y que sectores como el del trabajo doméstico remunerado había sido uno de los más golpeados por la crisis. De hecho, en Argentina, se calcula que los puestos de trabajo perdidos por este sector alcanzan los 280.000. Teniendo en cuenta este escenario y que la reactivación económica viene de la mano de sectores económicos altamente “masculinizados” como la construcción o la industria ¿Cuáles son las acciones y políticas sectoriales que se están generando desde el Ministerio para contrarrestar el impacto negativo que esta crisis tiene sobre las mujeres y para incluir a las mujeres en los beneficios de la reactivación y la recuperación económica?
E.G.A.: Justamente éste es una de las principales preocupaciones que tenemos en el Ministerio y la estamos llevando a todos los ámbitos de gobierno. Por un lado, como decís una de cada cinco mujeres en nuestro país -entre el 17 y el 20 %- trabaja en casas particulares. Y este es el sector más fuertemente impactado por la pandemia. Entonces pusimos en marcha junto con el Ministerio de Trabajo, Economía y con Afip, el programa “Registradas”. Un programa en el cual el Estado Nacional abona, durante seis meses, la mitad del salario a las trabajadoras que sean registradas a partir de la puesta en marcha del Programa. Para nosotras es clave porque genera trabajo pero además registración y bancarización. Después tenemos el Programa “Pre Viaje” que ha sido una política altamente exitosa en materia de reactivación del empleo y que impacta fundamentalmente sobre sectores que han sido fuertemente castigado por la pandemia -como la gastronomía y la hotelería- donde más del 50% de sus trabajadorxs son mujeres. Por otro lado, hace un mes estuvimos con el Presidente Fernández, los Ministros Moroni y Lammens, las Cámaras y sindicato de los sectores gastronómico y turístico, firmando un convenio para reactivar los planes Potenciar Trabajo y fortalecer la generación y recuperación de trabajo registrado en estos sectores que como decía son altamente feminizados así como venimos también trabajando muy fuertemente en el acompañamiento del sector privado, especialmente en el Norte Grande, a partir de regímenes de promoción de generación de empleo que incentiven la contratación de mujeres y personas del colectivo trans porque sabemos que la tasa de desempleo para las mujeres es mas alta que para los varones y que la tasa de informalidad también es mayor. Lo estoy contando de modo muy sintético por el tiempo pero son una gama de medidas diversas que apunta justamente a atacar este problema que para nosotras es central.
REC: Una de las consecuencias inmediatas que tuvieron en su momento las PASO fue la reconfiguración de las carteras ministeriales que hoy se presentan como ámbitos claramente “masculinizados” y muy alejado de la paridad deseable. ¿Qué desafíos presenta esta nueva conformación en términos de articulación y avance real de la agenda de género a nivel nacional?
E.G.A.: En primer lugar, me parece importante destacar que el Gabinete Nacional venia ya flaco en términos de paridad así que lo que tuvimos fue claramente un retroceso. En números tenemos ahora una mujer menos en el Gabinete que fue la Ministra de Seguridad, lo que pasa es que cuando vos venis mas o menos bien es una cosa y cuando venis mal es otro. Así que lo primero es hacerse cargo, responsable, de ese retroceso. Inmediatamente le hice este planteo al Presidente y en esa reunión me anticipó que pensaba crear la figura del “portavoz presidencial” con rango ministerial y que iba a estar a cargo de una mujer. Finalmente esa figura fue creada y allí fue designada Gabriela Cerruti. Por otro lado, también hay que decir que éste es el gobierno con la mayor tasa de participación femenina en cargos de funcionarixs de Dirección Nacional para arriba. Sin perjuicio de reconocer que hay muchas mas directoras nacionales que subsecretarias, más subsecretarias que secretarias y mas secretarias que ministras, lo cierto es que, en términos comparativos, tenemos mayor participación de mujeres que cualquier otro gobierno anterior. También es importantes destacar que varios organismos -con importante presencia territorial y presupuestos superiores a los de cualquier Ministerios- están encabezados por mujeres como AFIP, ANSES, PAMI además de algunos estratégicos como la AFI, algo que no había sucedido nunca. También podría nombrar a AYSA, el INADI, que también tiene una presencia territorial enorme. Todos esos organismos están encabezados por mujeres. Tenemos también una Secretaria Legal y Técnica mujer que también tiene rango ministerial. Así que también hay que poder poner todo esto sobre la mesa, sin negar lo otro pero convencidas de que tenemos que seguir trabajando para no ver más esas fotos tan feas que nos interpelan y nos incomodan en donde la presencia es totalmente masculina.
REC: Finalmente, este año se conquistó la ley de inclusión laboral para las personas travestis y trans y el DNI no binario, avances sustantivos -que se adunan a conquistas históricas como lo fue la ley de identidad de género- para un colectivo que sufre desigualdad y violencia estrutuctural y que fue históricamente invisibilizado. Sin embargo, todavía son muchos los desafíos que tenemos por delante. En ese sentido ¿cuáles son los ejes de trabajo del Ministerio en el diseño de políticas públicas para estos sectores?
E.G.A.: En enero de este año, pusimos en marcha el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional que tuvo más de 4000 inscriptxs con muy diversos perfiles. Venimos trabajando muy fuertemente para la incorporación en la Administración Pública, en un contexto difícil por la pandemia, pero hemos logrado incorporar cerca de 200 trabajadorxs del colectivo. También estamos trabajando para que las provincias y los municipios dicten sus propias normas de cupo laboral, porque la realidad es que, más allá de que hay presencia del Estado Nacional en todas las provincias, lo cierto es que la administración central está en la Ciudad de Buenos Aires y esto genera una brecha en la incorporación de este colectivo en las provincias. La sanción de normas que establezcan cupos laborales en todas las provincias y municipios facilitaría muchísimo la inclusión del colectivo.Por otro lado, creamos un programa que se llama “Acceso a Derechos para la Población Travestis, Transexuales y Transgénero” que justamente tiene como objetivo fortalecer el acceso de este colectivo a sus derechos a través dela acompañamiento, la asistencia económica por única vez para cubrir ciertas situaciones puntuales y la articulación con programas provinciales, nacionales y municipales. Estamos también trabajando con un tema que nos preocupa mucho que son las normas contravencionales y de faltas, que han sido históricamente utilizadas para la persecución y la criminación de la población travesti/trans, un colectivo que, como sabemos, vive fundamentalmente de la prostitución. También sacamos unos lineamientos -junto con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- con recomendaciones para la modificación de normas que vulneran a este colectivo y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poner en valor y sumar allí donde hoy no existen, los consultorios inclusivos que es central para responder a una situación muy concreta que es que esta población tiene hoy una expectativa de vida de 40 años que es la misma que la sociedad tenía en el 1900. Estamos haciendo también el seguimiento de los bachilleratos que están pensados específicamente para la población travestis trans, que es una población que ha sido excluida del sistema educativo muy tempranamente y que requiere de una pedagogía especifica. Por ejemplo, en Santa Fe se han creado tres, también se han puesto en marcha en San Luis. Venimos acompañando también al Mocha Celis, el bachillerato popular travesti trans -que es un modelo de secundario, de bachillerato específico en el mundo- para que puedan contar con un lugar para su funcionamiento. En ese sentido lo que vimos es que la ley de cupo generó un crecimiento enorme de la demanda educativa y, además, aquellxs que ingresan a la Administración Pública Nacional asumen el compromiso de terminar el secundario. La realidad es que, para los veinte meses que llevamos de gestión -en un contexto donde hemos pasado quince por lo menos atravesados fuertemente por la pandemia- hemos trabajado y avanzado muchísimo. Sabemos que también es mucho lo que queda por delante, como por ejemplo trabajar con las vejeces trans y travestis. Ahí hay una demanda muy concreta porque esa cadena de vulneraciones se traduce en una enorme vulnerabilidad que acompaña la vejez de este colectivo. Así que ahí es uno de los ejes fuertes de trabajo que tenemos para el año que viene.
REC: Muchas gracias!!
E.G.A: Gracias a ustedes!!
Ilustración:Romina Ferrer
