Si bien desde este organismo se respetan los derechos y garantías de los detenidos, incluso de quienes acceden al régimen de libertad condicional, en este caso consideramos que el juez Rossi se excedió en sus funciones o –de mínima- no cumplió acabadamente con sus funciones, ya que no pidió una pericia u opinión técnica de algún equipo interdisciplinario, desconoció o no tuvo informes adecuados del propio sistema penitenciario y tampoco convocó a expertos para que evalúen la situación del detenido, que a todas luces seguía padeciendo la misma perversión con respecto a la violencia de género.
Consideramos que esta decisión del jurado entrerriano se tomó a espaldas de la sociedad, que desde el colectivo Ni Una Menos viene trabajando para concientizar y combatir la violencia de género.