El IVC otorgó el crédito hipotecario establecido en la legislación de la Ciudad a la familia de Gumercinda Giménez, quien junto a su esposo e hijos pudo obtener una vivienda propia, tras un traumático proceso de desalojo.
Esta familia atravesó años atrás la peor de las tragedias, el asesinato de su hija adolescente Judith Giménez por parte de un gendarme de la villa 31. En aquel momento la Defensoría del Pueblo colaboró activamente en lograr justicia para Judith y el traslado de la familia a un lugar protegido.
Diez años después un proceso judicial inesperado y confuso determinó el desalojo de la vivienda que los albergaba, por lo cual se iniciaron gestiones para lograr una solución definitiva.
Desde la Defensoría del Pueblo celebramos que se haya podido arribar positivamente a esta solución, entendiendo que el derecho a una vivienda digna es de fundamental y escaso cumplimiento, y que es preciso continuar bregando para su realización en el conjunto de la sociedad.
