En la resolución, el magistrado a cargo de la causa consideró necesaria la aplicación de medidas expeditivas y eficientes para agilizar el tramite procesal y garantizar el ejercicio del derecho a la educación y a la conectividad, especialmente en villas, barrios populares y asentamientos informales de la Ciudad.
Así, el juez dio lugar a las objeciones del Asesor Tutelar, el cual había argumentado que solo las partes intervinientes deberían acceder al registro, que la información no debería ser pública y que el magistrado cuenta con los instrumentos necesarios para canalizar las denuncias sobre el incumplimiento de la cautelar, respetando el derecho a la intimidad de los menores de acuerdo a lo dispuesto por la ley 1845 de protección de datos personales.
En este sentido, Gallardo resolvió dejar sin efecto las medidas de publicidad de este instrumento, en pos de un pronto cumplimiento por parte del GCBA de lo dispuesto en la causa, aunque argumentó que la creación del registro contemplaba únicamente la consignación de los menores bajo sus iniciales y no con sus nombres completos.
Por último, solicitó que la Asesoría Legal especifique cuáles son los mecanismos de recopilación y difusión de información que considera idóneos para el cumplimiento de la medida cautelar.
Cabe recordar que la Justicia había ordenado la creación del registro con el fin de garantizar que alumnos de nivel primario y secundario de gestión tanto pública como privada tengan acceso a equipamiento informático y conexión a Internet, en el contexto de la suspensión de clases por la emergencia sanitaria y ante los incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad para proveer estos insumos a familias en situación de vulnerabilidad.
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