El documento parte de la premisa de que el recorrido de esta jurisdicción en relación a los fondos coparticipables del país comenzó con la sanción de la Constitución de la Ciudad en 1996. La carta magna local le otorga al distrito un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
Por otra parte, resulta importante recordar que el artículo 8 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, dispuso que el Estado Nacional “entregará a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una participación compatible con los niveles históricos, la que no podía ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987”.
Este cálculo se modificó en 2002 con la publicación del Decreto 692/02, que tuvo como objetivo determinar un coeficiente fijo y abandonar el cálculo de la suma referida de 1987. Este decreto determina la equiparación de la Ciudad con el resto de las jurisdicciones, en cuanto a las transferencias automáticas de los fondos coparticipables. Sin embargo, debido a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, no forma parte del régimen de distribución secundaria que ellas reciben. Los fondos otorgados de la masa de coparticipación neta, son detraídos de los que corresponden al Tesoro Nacional. Esto significa que cada vez que hubo una modificación del coeficiente, el porcentaje recibido por el Tesoro Nacional se vio modificado.
Por un acuerdo suscripto entre Nación y Ciudad a finales de 2002 y que rigió hasta 2015, el porcentaje recibido pasó a ser fijo y del 1,40%. En 2016, con la justificación del traspaso de las fuerzas de seguridad a la orbita local, este coeficiente pasó a ser de 3,75% (Decreto 194 y 399/2016). En dicha oportunidad las gobernaciones consideraron que el aumento era excesivo y el porcentaje se redujo a 3,50% a partir de 2018.
Finalmente, el Decreto 735/2020 modificó una vez más dicho coeficiente hasta el 2,32%. La medida encuentra su justificación en el caracter excesivo de los fondos recibidos hasta el momento con motivo del traspaso de los servicios de seguridad. Asimismo, existe la expectativa de que el Congreso Nacional sea quien apruebe los fondos a girar a la Ciudad a través del Presupuesto Nacional, con lo cual dejarían de estar conformados bajo la forma de un coeficiente incrementado de coparticipación federal de impuestos. Una vez que esto ocurra, se estima que la Ciudad volverá a recibir 1,40% en concepto de fondos de coparticipación federal.
De acuerdo a este recorrido histórico, el objetivo del trabajo es responder a la pregunta de si el aumento del coefeciente fue suficiente para sostener el traspaso de las fuerzas. Para ello, se han presentado dos escenarios de análisis, sujetos a ciertas suposiciones. Como resultado de las simulaciones realizadas, se concluyó que el Gobierno de la Ciudad habría recibido, entre 2016 y 2020, entre 25.599 y 56.275 millones de pesos pesos adicionales.
