«Las personas con discapacidad no son ‘objeto’ de políticas caritativas o asistenciales, sino que son ‘sujetos’ de derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como consecuencia de la ‘buena voluntad’ de otras personas o de los gobiernos, sino que deben suprimirse porque son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos», aseguró Ermelinda Garbini, responsable de la Dirección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría.
«El Estado argentino, mediante su adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asume una concepción social de la discapacidad y considera que esta no es una problemática de las personas que la padecen, sino que resulta de la interacción de los sujetos con el entorno. Las personas con discapacidad tienen que hacer a diario grandes esfuerzos para luchar con las barreras que se le imponen como la falta de accesibilidad, en medios de transporte, lugares recreativos o, en las veredas, problemas para conseguir trabajo, discriminación, intolerancia, falta de empatía y, también, dificultades para acceder a las prestaciones de salud y cobertura de tratamientos o accesorios. Es una obligación del Estado hacerse cargo de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad a lo largo de su vida y es una obligación también intentar disminuir los obstáculos y garantizar una calidad de vida adecuada», subrayó el Defensor del Pueblo Alejandro Amor.
«Al cierre de esta edición, seguimos trabajando para revertir la decisión del obierno nacional de dar de baja las pensiones no contributivas y vamos a impulsar un proyecto de ley para ampliar la concepción de quienes reciben esta pensión, así como también la forma en la que se notifican las altas y bajas a los beneficiarios. Es inadmisible que el beneficiario de este tipo de pensiones, que generalmente se encuentra en situación de vulnerabilidad, se entere que no cuenta más con la pensión en el momento de ir al banco a cobrarla. Pero la Defensoría trabaja en mucho más que esto. Actualmente no se garantiza, por ejemplo, la accesibilidad a todas las estaciones de subterráneo para personas con movilidad reducida, desde la Defensoría del Pueblo elaboramos un proyecto en pos de resolver esta problemática. También trabajamos la accesibilidad a la información en el subte mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña. El subte es el medio más rápido para trasladarse en la Ciudad y debe ser accesible para todos. Esperamos, también, que el Estado cumpla con la ley de cupo laboral y emplee a personas con discapacidad para ayudar a esta población vulnerable a tener una vida digna y en igualdad de condiciones. Es el Estado quien debe asumir los compromisos pautados por las leyes con su sociedad y con su pueblo. Necesitamos dejar de lastimar a nuestro pueblo más vulnerable. La Defensoría continúa y seguirá colaborando para ampliar los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos esta guía sea útil para la población en su conjunto», añadió el ombudsman porteño.
