En efecto, 2 de cada 10 hogares urbanos registraron inseguridad alimentaria durante el segundo semestre de 2020. De manera más grave, el 8,8% sufrió situaciones de hambre (inseguridad alimentaria severa). La cifra, en hogares del nivel socioeconómico más bajo, asciende al 57%, implicando una incidencia casi 3 veces mayor que para el total de los hogares urbanos.
Pero esta situación de naturaleza estructural tuvo alcances diferentes según la región urbana. En CABA, la ciudad más rica del país, el problema no dejó de ser importante: 7,5% de los hogares experimentaron riesgo alimentario. Sin embargo, se hizo más grave en el conurbano bonaerense: 27,6%. A la vez que, en el resto urbano del país, la inseguridad alimentaria afecto al 21,4% de los hogares.
En contextos altamente inflacionarios, la mayor proporción de gastos alimenticios implica una mayor dificultad para poder alcanzar el consumo adecuado de alimentos. Esta disminución de la capacidad de acceder a los alimentos se traduce en situaciones de inseguridad alimentaria. Sin duda, tal como lo muestra el estudio, la problemática habría sido mucho más grave sin los programas -públicos y privados- de asistencia alimentaria.
“Este documento se centra en comprender los riesgos alimentarios junto con las prácticas y hábitos de consumo de la Argentina urbana, haciendo foco sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para esto se busca segmentar el país en distintas áreas urbanas, diferenciando el AMBA en relación con el resto de los hogares urbanos. A su vez, se indaga en las potenciales diferencias dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, distinguiendo los hogares de CABA y el Conurbano bonaerense. Se utilizaron las medidas de inseguridad alimentaria severa (IAS), inseguridad alimentaria moderada (IAM) e inseguridad alimentaria total (IAT), junto con variables indicadoras de frecuencia y calidad de los alimentos comprados, con el objetivo de poder realizar una caracterización y diferenciación de los hogares en relación con sus prácticas de consumo y situación alimentaria”, explicó Agustín Salvia, titular del observatorio y coordinador del estudio, y agregó que “en un contexto caracterizado por una tasa de 22,1% de inseguridad alimentaria total entre los hogares urbanos de Argentina, se destaca la mayor probabilidad de sufrir dichas situaciones asociada a los hogares en condiciones de pobreza. Efectos similares se replican entre los hogares de menor nivel socioeconómico, quienes tienen 8 veces más probabilidades de incurrir en situaciones de inseguridad alimentaria, en relación al 25% de los hogares de mayor nivel socioeconómico».
Por su parte, Dolores Gandulfo, titular de la Unidad Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció que «la inseguridad alimentaria en el núcleo de los hogares pobres e indigentes es la base sobre la cual pueden dispararse severas situaciones de vulnerabilidad de las personas, que quedan expuestas a sufrir de desnutrición, y les imposibilita el acceso a otros derechos”.
El documento establece que los efectos adversos de la inseguridad alimentaria tienen una mayor incidencia en los hogares con niños, llegando a ser más del doble en los mismos, y reflejando mayores vulnerabilidades por parte de estos. Mientras que en la población general la pobreza en la segunda parte del año 2020 fue del 44,7%, en el caso de los niños/as y adolescentes este indicador alcanzó al 64,6%de los mismos. Las vulnerabilidades asociadas a la presencia de niños en el hogar se reflejan en la mayor propensión hacia la inseguridad alimentaria por parte de estos. Mientras que el 30% de los hogares con niños del total urbano de Argentina sufren de inseguridad alimentaria, dicha situación alcanza al 14% de los hogares sin niños.
“Si bien la situación socioeconómica, agravada durante 2020, se vio amortiguada por la asistencia social, esta se constituye en un problema estructural afectando a la población, y sobre todo a la niñez. Resalta nuevamente la necesidad de generar soluciones consistentes, y de largo plazo, para las problemáticas sociales actuales, más allá de la política asistencial provisoria”, remarcó Salvia.
Esta situación se relaciona directamente con las prácticas de consumo. Según el informe el 32,5% de los hogares urbanos del país se caracterizan por compras semanales, mientras que el 28,9% realiza compras con una frecuencia quincenal o mensual. El restante 38,6% de los hogares urbanos de la Argentina realizan compras de más alta frecuencia, estas pueden ser diarias o cada 2 o 3 días, lo que constituye un indicador de dificultad de planificación del consumo en la situación actual. Como es lógico, al empeorar la condición de pobreza monetaria aumenta la frecuencia de compra. Hogares más pobres cuentan con un menor ingreso, una menor capacidad de ahorro y menor acceso al crédito, entre otras vulnerabilidades, lo que llevará a compras más frecuentes.
En ese sentido, la situación cambia cuando aparecen políticas estatales. El estudio menciona la incidencia de la Tarjeta ALIMENTAR, estableciendo que la misma tuvo efectos positivos en la reducción de la inseguridad alimentaria para las poblaciones beneficiarias. En particular, sobre las infancias, el aumento de la inseguridad alimentaria total que tuvo lugar entre 2019 y 2020 fue sensiblemente menor entre los niños/as destinatarios de Tarjeta ALIMENTAR que para el conjunto de los niños/as, y sensiblemente inferior en el caso de la inseguridad alimentaria severa.
“Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sinergia con el ODSA, trabajamos en el adecuado diagnóstico de la problemática a través de la investigación científica y social, para poder hacer propuestas sustentables y definitivas para garantizar la seguridad alimentaria. Es menester destacar que como institución de derechos humanos que participamos activamente de la Mesa contra el Hambre reconocemos el trascendental rol que en contexto de Pandemia tuvo la Tarjeta Alimentar como política pública», declaró Gandulfo.
