Durante el mismo, que se realizó de manera virtual el 13 de mayo, las autoridades del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata de Nación compartieron los avances realizados a la fecha y las próximas acciones a desarrollar. Entre ellas, la intención de firmar un convenio con el Consejo Nacional de la Vivienda -con cada provincia y la Ciudad- específico para víctimas de trata y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación en el desarrollo de un proyecto que busca garantizar la reinserción laboral efectiva para las personas rescatadas, el cual sería por un período de 7 meses con un salario equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
Posteriormente, Bonelli destacó la importancia de avanzar en la sanción del proyecto de ley presentado el año pasado en la Legislatura porteña desde la Defensoría que crea una prestación económica inmediata para las personas víctimas de trata en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo busca dotar de autonomía a las personas rescatadas y alejarlas de la situación de vulnerabilidad, para vivir dignamente y lograr su inserción laboral y social. En ese sentido, se propuso elaborar una nota de pedido de apoyo a ser firmada por los organismos competentes y que conforman la Mesa para presentar ante la Legislatura. Finalmente, se acordó sobre la importancia de avanzar con una capacitación específica para funcionarios y profundizar el trabajo de forma conjunta para las diversas campañas de la línea 145.
El encuentro contó con la participación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteña; la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima de la Ciudad; el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; y el Observatorio de Víctimas de Delito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por parte de la Defensoría del Pueblo, participaron Bárbara Bonelli, Defensora Adjunta; y Alessandra Cutuli, del Consejo Permanente para la Vigilancia, Promoción y Protección de Derechos Humanos.
