En tal sentido, teniendo en cuenta la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo y los lineamientos estratégicos dispuestos el Defensor, la Conducción Ejecutiva de Asuntos Legales estableció los principios fundamentales de su Política de Gestión de Calidad. Entre ellos, dispuso garantizar el control de los actos y documentos a suscribir por el Defensor/a del Pueblo, como así también asistir, gestionar e intervenir en el asesoramiento y actividades técnico-jurídicas que correspondan, asegurando que tales actividades se ajusten a los procedimientos establecidos por las reglas y los principios legales.
También se estableció promover el permanente desarrollo y actualización de las competencias del personal, fomentando su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, para atender las cambiantes necesidades y asegurar la realización del interés público comprometido, y asimismo asegurar los recursos necesarios para la operación de los procesos buscando de manera permanente la mejora del sistema de gestión de calidad adoptado y de los productos brindados en nuestro ámbito.
En esta instancia, se aprobó la primera etapa para la certificación de los siguientes procesos: tratamiento de proyectos de ley, tratamiento de notificaciones externas (oficios judiciales y administrativos), elaboración de convenios institucionales y contrataciones de bienes inmuebles para uso institucional.
Cabe destacar que el Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM es una institución referente en el ámbito nacional, regional e internacional para la mejora de la competitividad, el uso racional de los recursos y la innovación. La certificación de los sistemas de gestión es la demostración independiente del cumplimiento con normas.
