El protocolo, elaborado por el Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría -cuya titular es María Elena Naddeo- recoge los principios rectores de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, la Ley Nacional 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y todas las normativas que establecen la responsabilidad del Estado y de la sociedad toda en la protección de los chicos frente a los delitos que atentan contra su integridad física y psíquica.
Se reiteran en el mencionado protocolo los artículos de la legislación que establecen la obligación de los y las profesionales que estén en contacto con los niños y adolescentes de comunicar cualquier situación de vulneración de derechos de la infancia, más aún cuando se trata de posibles delitos.
El protocolo también establece la obligación de intervenir no sólo cuando los hechos ocurren dentro de los clubes, sino en cualquier otro lugar o establecimiento, sea publico o privado, dada la responsabilidad de las asociaciones deportivas en el cuidado y salvaguarda de los adolescentes y jóvenes que albergan.
La comunicación de la denuncia -ante la presunción de eventuales abusos contra los chicos- debe concretarse a través de los organismos de infancia y adolescencia que cada provincia, municipio y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen organizados hasta la fecha. En su defecto, las denuncias pueden tramitarse en las fiscalizas especializadas en violencia de genero y violencia en la infancia.
Asimismo, el protocolo resalta los principios de no revictimización, resguardo de la confidencialidad y la obligación de brindar contención psicosocial tanto a las víctimas como a sus familiares.
En cuanto a aquellos jóvenes mayores de edad que resulten afectados por estas situaciones de violencia, se establece la responsabilidad de los clubes para asesorar y acompañar las denuncias pertinentes.
“Es necesario determinar la responsabilidad tanto de los intermediarios de abuso sexual por dinero -pasibles de los delitos de corrupción y proxenetismo- como de quienes pagan por abusar de los cuerpos adolescentes. Necesitamos un compromiso colectivo para desalentar practicas aberrantes y lesivas hacia niños, niñas y adolescentes”, se afirma entre los fundamentos.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el conjunto de las Defensorías del Pueblo agrupadas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) brindarán su cooperación técnica y profesional para acompañar, asesorar y colaborar frente a las situaciones abusivas detectadas.
