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Preocupación de la Defensoría por la demora en la investigación de un caso de gatillo fácil

El 7 de febrero de este año Roberto Autero, un joven de 16 años, murió como consecuencia de un disparo efectuado por el oficial Sebastián Torres de la Policía Metropolitana. Las circunstancias en que tales hechos sucedieron están siendo investigadas.

A más de siete meses de ocurrido tan grave suceso, preocupa a esta Defensoría del Pueblo el lento trámite de la causa penal.
Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación evidencian claramente una falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de considerable gravedad institucional. Garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia necesariamente implica una investigación con tiempos de duración prudenciales, imparcialidad y transparencia.
La muerte de Roberto tiene que ser investigada, no puede admitirse como natural el ejercicio de la fuerza letal por parte de un agente público que aún no fue siquiera llamado a prestar declaración indagatoria. La gravedad del hecho exige un esfuerzo de investigación que permita esclarecer lo sucedido en tiempo oportuno.