A más de siete meses de ocurrido tan grave suceso, preocupa a esta Defensoría del Pueblo el lento trámite de la causa penal.
Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación evidencian claramente una falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de considerable gravedad institucional. Garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia necesariamente implica una investigación con tiempos de duración prudenciales, imparcialidad y transparencia.
La muerte de Roberto tiene que ser investigada, no puede admitirse como natural el ejercicio de la fuerza letal por parte de un agente público que aún no fue siquiera llamado a prestar declaración indagatoria. La gravedad del hecho exige un esfuerzo de investigación que permita esclarecer lo sucedido en tiempo oportuno.