El proyecto fue presentado por este organismo –haciendo uso de su potestad de Iniciativa Legislativa- tras recibir un gran número de quejas y denuncias de personas que aseguran haber presenciado distintos tipos de maniobras mediante las cuales el personal de seguridad o encargados y/o responsables de sucursales de supermercados les prohibían o le impedían a los consumidores sacar fotografías o filmar los precios de los productos exhibidos en las góndolas.
Este tipo de conductas no garantizaban condiciones de atención y trato digno para los consumidores, siendo contrarias a los deberes que impone el art. 8 bis de la Ley Nacional 24.240; y se cercenaba la libertad de elección a los consumidores y atentaba contra los intereses económicos del mismo.
En ese sentido, esta ley, que fue aprobada por unanimidad (56 votos afirmativos de 56 emitidos), procura reforzar y ampliar la protección de los derechos e intereses económicos de los consumidores, garantizando que tengan la libertad de utilizar, sin sufrir hostigamientos de ninguna índole, todas las herramientas disponibles que les permitan analizar, comparar y registrar precios y productos.
“De esta manera se nutre de una herramienta más al consumidor para poder controlar los precios de los productos y a su vez, realizar las denuncias que correspondan si el proveedor no cumple con las ofertas o promociones que publica. Esta herramienta forma parte de la información a la que el consumidor tiene derecho a acceder de manera clara cierta y detallada”, concluyó el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.
