El Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la CABA con el apoyo y participación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe (CERALC), elaboraron el estudio con la finalidad de establecer los presupuestos para una contratación pública sostenible basada en derechos humanos y ofrecer a los Gobiernos locales recomendaciones específicas de acción para lograr implementar este modelo en sus propios sistemas de compras. Asimismo, pone de manifiesto el importante rol que pueden cumplir las Defensorías del Pueblo en la promoción de una contratación pública basada en derechos humanos.
A partir del análisis del sistema de compras y contrataciones del Gobierno porteño, el estudio identifica las potencialidades y oportunidades que ofrecen los marcos regulatorios, estratégicos y de políticas de contrataciones públicas sustentables en la Ciudad, para avanzar hacia un modelo basado en el respeto y la protección de los derechos humanos.
En la Sección I del informe se introduce el estudio y se brinda un marco conceptual y metodológico. Asimismo, se examinan cuáles son las razones y fundamentos para que los Estados respeten, garanticen y cumplan con los derechos humanos a través de la contratación pública. En la Sección II, se dan lineamientos para comprender el alcance de la compra pública basada en derechos humanos. En la Sección III, se reflexiona sobre innovaciones y aprendizajes prácticos basados en el caso de estudio del sistema de contrataciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, la Sección IV está dedicada a recomendaciones para gobiernos subnacionales (muchas de las cuales podrán ser extrapoladas a nivel nacional).
Cabe destacar que el presente estudio hace una fuerte apuesta a la necesidad de profundizar el aspecto “social” de la sostenibilidad vinculado a los derechos humanos, mediante la inclusión de procesos, mecanismos e instrumentos específicos que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos en la contratación pública.
