El Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la CABA manifiesta su profundo rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cambiar la fecha de los feriados del 24 de marzo –Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia– y del 2 de abril –Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas-, por medio del Decreto 52/2017, publicado el 20 de enero último en el Boletín Oficial.
El referido Decreto expresa un grave desconocimiento sobre el valor histórico de las fechas mencionadas. La norma proclama que excepcionalmente no serán movibles los feriados “que por su significado histórico, o por tratarse de fechas religiosas o internacionalmente reconocidas, resulta inconveniente trasladar”. En ese aspecto, al no incluir las fechas en cuestión dentro de la hipótesis de feriados inamovibles, el acto administrativo parte del supuesto de que no serían fechas dotadas de significado histórico para nuestra nación.
El Consejo recuerda enfáticamente que las dos fechas son altamente simbólicas para la historia reciente del país y de nuestra democracia -puesto que nos evocan una etapa nefasta que hemos transitado- y cumplen una función cultural y educacional relevante en la formación de la memoria colectiva. Al efecto, resulta dable destacar que el 2 de abril se erigió como un día que conmemora a quienes combatieron y dieron su vida en el conflicto bélico del Atlántico Sur, del año 1982 y reivindica la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Por su parte, el 24 de marzo tampoco es un día más para nuestra democracia, sino que recuerda la fecha en que una dictadura cívico-militar derrocó a un gobierno constitucional, derogó de facto a nuestra Carta Constitucional e inauguró una de las etapas más sangrientas de la historia de nuestro país, que dejó como saldo más de 30.000 personas desaparecidas y cientos de niños secuestrados.
La movilidad de los feriados del “Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia” y del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” no es un simple acto administrativo que ordena el calendario nacional, sino que constituye un acto que vacía de contenido histórico y simbólico a dos fechas trascendentes e inescindibles de nuestra democracia, representa un agravio a los veteranos y caídos en Malvinas y a las víctimas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y vulnera seriamente el derecho a la memoria y a la verdad de las generaciones presentes y futuras.
Por ese motivo, el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad exhorta el Estado Nacional a reconocer la relevancia histórica de las fechas mencionadas y a rever la decisión adoptada.
