Alejandro Amor analizó junto a equipos de la Defensoría del Pueblo y delegados de ATE de Nación y de la Ciudad el traspaso de los institutos penales de adolescentes firmado recientemente entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
La preocupación de los y las delegadas, así como de los especialistas e integrantes del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, radica en que esos institutos penales no pueden depender del organismo de protección de derechos de la Ciudad, que tiene entre sus tareas la de defensa de derechos y la de monitoreo y control de las políticas y programas de infancia y adolescencia. La decisión del Ejecutivo local violenta las normas existentes, en particular el artículo 39 de la Constitución, la ley 114, la ley 26.061 y las precedentes de traspaso que hasta la fecha se realizaron.
Compartiendo esta preocupación, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor señaló que el área natural para la dependencia de estos institutos es la de políticas sociales, y coincidió con las y los delegados en la necesidad de encontrar nuevas estrategias para la resolución de este conflicto.
En la reunión participaron, por el Consejo, las delegadas Romina Piccirillo y Laura Licera, y por la SENNAF, Luciano Bartilotta. Por parte de la Defensoría porteña, analizaron el tema institucional y jurídico la secretaria general Silvina Pennella y María Elena Naddeo, titular del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad del organismo.
