El acceso a la Justicia resulta una garantía imprescindible para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos tanto en la normativa doméstica como internacional. En este sentido, la obligación de los Estados no se limita al mero hecho de no impedir el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos, sino que fundamentalmente exige la remoción de los obstáculos y/o barreras que impidan o limiten dicho acceso. Ello cobra especial relevancia desde la perspectiva de las personas y grupos vulnerables.
Al efecto, las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”, recopila una serie de recomendaciones destinadas a garantizar condiciones de acceso efectivo y reconoce que determinadas condiciones de vulnerabilidad se traducen en obstáculos que limitan su ejercicio.
Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que vastos sectores de la población de la Ciudad se ven especialmente afectados en la satisfacción de sus derechos debido a la carencia de herramientas que les permitan llevar sus demandas a la justicia. Entre los ciudadanos más discriminados se encuentran las personas que habitan en las villas y barrios carenciados de la urbe porteña.
Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entiende que proteger derechos involucra también trabajar en pos de remover las dificultades que se les presentan a los sectores más vulnerables en el acceso a la jurisdicción y que el fortalecimiento de este derecho fundamental solo se puede cristalizar adecuadamente a partir de un abordaje territorial.
En ese sentido, el programa que se inicia pretende erigirse como una herramienta que coadyuve a visibilizar y resolver la desigualdad estructural que sufren las personas y grupos desaventajados para acceder a la justicia y tutelar de modo efectivo sus derechos.
