La Defensoría del Pueblo, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña y el Foro contra la Violencia Institucional organizaron el 8 y 9 de septiembre en Av. Belgrano 673 un encuentro para debatir estrategias para la prevención y erradicación de los malos tratos y abusos hacia niños niñas y adolescentes.
La jornada del jueves 8 de septiembre comenzó con palabras de apertura de María Elena Naddeo, Directora General del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, quien destacó que «el sistema de protección integral de los derechos de la infancia se fue construyendo de a poco y hoy es necesario difundir la herramienta que aporta nuevos elementos positivos a su desarrollo».
El primer panel analizó la ampliación de derechos en el nuevo Código Civil y fue coordinado por María Elena Naddeo. Nelly Minyersky, profesora consulta de la Facultad de Derecho y titular de la Maestría en Políticas Infanto Juveniles de la Universidad de Buenos Aires, hizo un repaso por la historia del derecho relacionado a la niñez y adolescencia. Manifestó que “la reforma del Código era necesario. El niño dejó de ser un objeto para pasar a tener voz”. Además, la especialista se refirió al nuevo concepto de Responsabilidad Parental y a la prohibición de los castigos corporales.
Por otra parte, Marisa Graham, ex Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, expuso sobre adopción en el nuevo Código Civil y se refirió al desafió que implica su aplicación e interpretación. Manifestó que “la nueva normativa establece que los niños son parte del proceso de adopción y los saca de la visión de objeto de transición. Además, por primera vez hay un reconocimiento de la familia de origen del niño”.
Bajo la consigna Impacto del maltrato en la vida de los niños y coordinado por José Machain, plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Florencia Gentile, también plenarista del CDNNYA por la Legislatura, expuso sobre el impacto de la violencia y sus efectos sociales. “Hay tres efectos que hay que tener en cuenta: las agresiones físicas se continúan en cadenas de violencia; la distribución de la violencia es desigual; y la violencia termina siendo un lenguaje expresivo”, señaló. Por su parte Nora Schulman, Directora Ejecutiva de CASACIDN, expuso sobre el abuso sexual infantil. Explicó que el camino que suele atravesar un niño luego de un abuso es “penoso, angustiante y es revictimizado por tener que contar varias veces todo lo que vivió”. Finalmente, el psicoanalista Juan Carlos Volnovich detalló sobre el derecho de cada niño, niña y adolescente a saber sobre su identidad y origen. Manifestó que “la peor de las violencias no es la física sino el abandono liso y llano”.
Luego, en la mesa sobre “Dispositivos de denuncias, estadísticas y realidades complejas” disertaron la socióloga Cristina Erbaro, de la Dirección de Políticas Públicas e Investigación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, y Leonardo de Petris, miembro de la comisión directiva del Hogar Casona de los Barriles.
Erbaro expuso las últimas encuestas de violencia intrafamiliar y otras problemáticas de salud y educación y puntualizó que: “Lo que tenemos que tener es criterios que enlacen la información y los indicadores que vienen de distintas áreas, para que la producción de datos nos permita después hacer un análisis más cercano a la realidad de los pibes”. Agregó además que plantear la información estadística como una política pública, “es indispensable para pensar dispositivos de intervención”.
En tanto, de Petris señaló que se observa un notable aumento en el número de denuncias. “Hay una mayor disposición a denunciar los hechos, menos miedo a efectuar estas denuncias en los distintos organismos correspondientes, como la línea 102, las Defensorías zonales, las guardias de abogados, el propio Consejo, los Juzgados de Familia y Asesoría Tutelar, la Defensoría Pública de Menores Incapaces y la Defensoría del Pueblo”, aseveró.
En el último panel del día, acerca del tema “Políticas públicas de inclusión en la prevención y atención de las víctimas”, participaron María Elena Naddeo, la abogada y psicoanalista Adriana Granica, Coordinadora del equipo de Abogados del Niño de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y el psiquiatra infanto juvenil Javier Indart, Coordinador del Departamento Violencia Familiar del Hospital Elizalde.
La Directora del Centro de Atención de Niñez de la Defensoría, Naddeo, exhibió una serie de placas sobre: el abuso de poder en la sociedad y cultura patriarcal, los sectores históricamente discriminados (niños y mujeres), la necesidad de políticas de Estado como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, la Ley 26061 –que destaca a los niños como sujetos de derechos- en el nuevo Código Civil y la importancia de superar los estereotipos y mandatos de la opresión, erradicar las redes de trata y explotación sexual y fortalecer el sistema de protección.
Por su lado, Granica expresó que cuando apareció la figura del abogado del niño, fue “altamente sugerente para pensar en cómo trabajar para que esta palabra sea escuchada, sin informes psicológicos o pericias, sino que el niño con su propia voz pudiera expresarse”.
Mientras que Javier Indart indicó que entre los principales problemas se encuentran los métodos de comunicación, las dificultades en los procesos terapéuticos y los protocolos.
Antes de culminar el primer encuentro, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, se presentó en el evento para saludar y agradecer a los especialistas. Amor aprovechó la oportunidad para manifestar que uno de los problemas más serios que atraviesa el país, en particular en algunas provincias como Misiones y Corrientes, es la venta de chicos y la prostitución. Por eso, “exigimos la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional”, determinó. El Defensor aclaró que no es una cuestión política circunstancial de “poner a alguien”, sino que se trata de una razón institucional fundamental para la defensa de la vida, la salud y la integridad de las niñas, niños y adolescentes de toda la República Argentina.
“La normativa está vigente, el Estado, la Justicia y los organismos existimos, sin embargo la violación reiterada de derechos es una constante. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos las convicciones y la vigencia plena de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, concluyó.
El segundo día de la jornada contó con la participación de Rubén Efron (miembro de la Asamblea Permanente de Derchos Humanos), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa porteño), Gustavo Gallo (Defensor a cargo de la Unidad Funcional para Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación), y Emiliano Bizaro (representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quienes debatieron sobre el traspaso de los institutos penales al ámbito de la Ciudad.
En primer lugar, Efron se refirió a la dificultad de “quedar atrapados en los aspectos técnicos, políticos y administrativos del traspaso y no ver la problemática de fondo de los niños y jóvenes infractores de la ley”. Asimismo destacó la importancia de hacer un cuestionamiento de la lógica y las prácticas punitivas a las que cateterizo como “formas de aniquilamiento subjetivo de los jóvenes”.
En segundo término, Duacastella señaló la contradicción que entraña el traspaso ya que “desde el año ’94 está pendiente la transferencia de jurisdicción y competencias judiciales a la órbita local”. En relación al rol de los organismos de control de la Ciudad aseguró que “el Ministerio Público tiene la obligación de intervenir en los institutos, porque en las situaciones de privación de la libertad es donde más se vulneran los Derechos Humanos”.
A continuación, Gallo sostuvo que los institutos penales no deberían estar a cargo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que implicaría una incompatibilidad con su función de defensa de derechos y seguimiento de las políticas públicas de infancia. Por otra parte, propuso que junto a la transferencia se discuta una nueva institucionalización de los centros de detención “que tenga en cuenta a los chicos como sujetos de derecho y que les garantice una verdadera inclusión social”.
Por último, Bizaro centró su exposición en la situación de los trabajadores afectados al circuito penal nacional, el destino del sistema penal de la Ciudad, el origen de los recursos, y los controles interjurisdiccionales. Finalmente afirmó que “el debate sobre la infancia y la adolescencia debe ser complementado con el discurso social y de los trabajadores de las áreas de niñez”.
A modo de cierre, María Elena Naddeo expresó que este tipo de jornadas “son muy apasionantes, tienen una carga académica y emocional muy fuerte ya que estamos reflexionando sobre nuestras propias prácticas como profesionales y especialistas en los derechos de los chicos. Lo peor que puede pasar es que estos dispositivos de encierro pasen a la órbita de Seguridad o de Justicia. Si la transferencia avanza, hay que trabajar para garantizar que se haga de manera ordenada y pasen a depender de ámbitos donde haya espacios especializados en infancia y adolescencia”.
