La ombudsman porteña celebró el encuentro y asumió el compromiso de la casa hacia la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) afectados por la emergencia climática, de la cual la resolución presentada da cuenta.
Muiños ponderó el documento al afirmar que “esta resolución nos va a servir para avanzar en políticas ambientales necesarias que resuelvan esta problemática que afecta a nuestra tan cementada Ciudad de Buenos Aires”.
A continuación se dio lugar a la exposición de la relatora especial sobre los DESCA de la CIDH, Soledad García Muñoz, quien presentó la resolución ante las Defensorías del Pueblo de Argentina, agrupadas en al Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y agradeció a los presentes de las distintas jurisdicciones, organismos y organizaciones de la sociedad civil. “Esta resolución busca reconocer cómo el cambio climático incide gravemente en los DESCA, afectando principalmente a los sectores vulnerables”.
En su disertación, la relatora especial destacó la importancia de la elaboración y publicación de la resolución, porque «resulta necesario que los Estados Americanos tuvieran ciertas guías para incorporar este enfoque en sus políticas medioambientales”.
En la resolución se advierte el entrelazamiento que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente en pleno contexto de emergencia climática mundial. Y entre sus apartados señala que “Los cambios en los ciclos naturales de los ecosistemas, las sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, pérdidas de las líneas costeras, entre otros, han traído consigo una amenaza importante al disfrute de una amplia gama de derechos: el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, salud, agua y el derecho a un ambiente sano.
El riesgo de daño es particularmente alto para aquellos segmentos de la población que se encuentran actualmente en una situación de marginación o vulnerabilidad o que, debido a la discriminación y las desigualdades preexistentes, tienen acceso limitado a la toma de decisiones o recursos, incluyendo a mujeres; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; personas con discapacidad; personas que viven en asentamientos informales; migrantes; campesinos y personas que viven en zonas rurales”.
Luego de la exposición de la Relatora, tuvieron lugar las intervenciones de Bárbara Rossen, titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente; Lionel Suárez, presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, y Gabriel Savino, representante de ADPRA ante la FIO y Defensor del Pueblo de Santa Fe. Todas las intervenciones fueron moderadas por la directora de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría, Dolores Gandulfo. A continuación, se abrió la palabra para preguntas y comentarios por parte de los participantes del encuentro.
El evento contó con la presencia de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón; la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidenta del Global Campus of Human Rights, Veronica Gómez.
Entre los participantes se encontraban Defensores del Pueblo de todo el país, autoridades nacionales, autoridades del sistema de Naciones Unidas en Argentina, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil y funcionarios de nuestra Defensoría.
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