El informe fue prologado por el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor, y participaron de él, entre otros, Beatriz Mendoza, Carlos Accaputo, Víctor Abramovich, Silvia Caprino y Antonio Brailovsky.
Si bien la Defensoría del Pueblo forma parte de una de las jurisdicciones alcanzadas por el fallo (las otras son el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires) a través de sus mandas en materia de reparación ambiental, contralor de la salud, tratamiento de residuos, contaminación y ordenamiento territorial, su rol como defensora y promotora de derechos la obliga a construir un vínculo con otras organizaciones para que el saneamiento de uno de los territorios más contaminados del planeta se transforme en una política de Estado continua y eficiente.
Esta publicación y la convocatoria realizada a quienes participaron en ella persigue ese espíritu: el de recorrer un camino al que cada vez se sumen más actores institucionales, no gubernamentales y vecinales para que las condiciones de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo y, en especial, de las y los más vulnerables comiencen a mejorar constantemente. Trece años, trece testimonios para seguir sumando voces en esa senda.
