En efecto, la Defensoría del Pueblo se encuentra elaborando un informe especial acerca de la crisis que padece el zoológico y las diversas propuestas para su reconversión. De acuerdo con este informe en elaboración, los seres con los que compartimos el planeta deben vivir libremente en sus hábitats naturales, al tiempo que el zoo debería mantenerse como un lugar de empleo, de ciencia, tecnología, servicios de recreación y prestación de servicios. Para llevar adelante cualquier proyecto, además, debería recordarse que el zoo está inserto en la trama urbana del barrio de Palermo y de la ciudad, y en el mapa mental de los argentinos.
Es necesario que todos los actores implicados -trabajadores, instituciones y poder político- logren consensuar un verdadero proyecto de compromiso y cambio, centrado en la conservación y puesta en valor de este espacio tan significativo dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
La elaboración de este informe especial se apoya en el seguimiento sistemático que lleva adelante la Defensoría acerca de la crisis que sufre el zoológico de la ciudad, la cual afecta los derechos de los vecinos, de los trabajadores y de los animales confinados. A lo largo de este control de situación se realizaron visitas de inspección, se elaboraron informes y se realizaron recomendaciones al Poder Ejecutivo de la ciudad.
En el marco de la actuación 4869/14, el Defensor del Pueblo, por medio de la Resolución 637/14, realizó una serie de recomendaciones a la Dirección General de Concesiones, que es el órgano de control de todas las actividades del concesionario del zoológico. Entre otras, se recomendó que en forma urgente se pusiera “fin a todos las situaciones que atentan contra la salud y bienestar de la fauna confinada en el Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando estricto cumplimiento a todas las normas y protocolos que existen sobre la materia mencionada”. También se recomendó que se ponga en marcha un plan de restauración del conjunto de construcciones con valor patrimonial y la reparación de las instalaciones eléctricas, con especial prioridad en aquellas que son peligrosas para visitantes, trabajadores y animales cautivos.
Del mismo modo, el Defensor del Pueblo recomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), máxima autoridad ambiental de la Ciudad, que intervenga a fin de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales acerca del ambiente, la preservación de la fauna cautiva y la vegetación en general. Como respuesta se mantuvieron reuniones con las autoridades de la APRA quienes nos expusieron el nuevo proyecto de ecoparque que hoy celebramos.
