“En nuestro país existen observatorios públicos y privados relacionados con la problemática ambiental, especializados en temáticas específicas o enfocados a otras jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, tiene Observatorio de Seguridad Vial, Observatorio de la Juventud, del Patrimonio Histórico Cultural o de Políticas Públicas, entre otros, pero carece de un Observatorio Ambiental”, señaló Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño.
En tal sentido, Amor manifestó que es oportuno que la Defensoría del Pueblo, en la cual ya funcionan un Observatorio Electoral y un Observatorio de Derechos Humanos, determine la creación de su propio Observatorio Ambiental en el marco de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente a cargo de Bárbara Rossen, que en el organismo es el área que se ocupa del ordenamiento urbano-ambiental. Al frente del mismo fue designado Antonio Elio Brailovky, destacado ambientalistas y Defensor del Pueblo adjunto entre 1998 y 2003.
El primer informe del flamante observatorio se refiere al tratamiento de pilas y baterías usadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por considerarlas desechos peligrosos y contaminantes. Las ciudades modernas producen inmensas cantidades de residuos de todo tipo que se convirtieron en uno de los principales problemas ambientales del mundo contemporáneo.
Según indica la extensa publicación, la experiencia real muestra que, en la ciudad, la mayor parte de las pilas y baterías usadas se disponen en la basura domiciliaria, lo cual significa que terminan en los rellenos sanitarios. Estos rellenos no deberían admitir desechos peligrosos, pero las pilas descartadas, mezcladas con la basura, logran ingresar a ellos debido a su pequeño tamaño. El mencionado circuito hace posible que los componentes tóxicos de las pilas se derramen y contaminen aguas superficiales y subterráneas.
En tanto, como en Argentina no existe un procedimiento autorizado para la destrucción y el reciclaje de los materiales de las pilas usadas, una cantidad de ellas se reexportan y una gran parte se dispone en forma insegura.
En el caso de las pilas y baterías, su composición incluye materiales peligrosos que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada. Como resume Brailovsky, pilas y baterías usadas son, por su propia naturaleza, residuos peligrosos.
Entre sus componentes, las pilas y baterías contienen mercurio, plomo, cadmio, manganeso, litio, zinc y níquel. Esos metales pueden generar daños neurológicos y algunos están catalogados como cancerígenos. El mayor problema es que no se conoce cuál es el efecto del contacto constante, ya que no están suficientemente estudiados los efectos sobre el organismo en el largo plazo de las distintas sustancias tóxicas en dosis muy bajas. Se expresa también que es aún menor la información acerca de los procesos de sinergia, es decir, sobre los efectos combinados de diversas sustancias químicas sobre el organismo en forma simultánea, tanto de las sustancias sumadas, como de los nuevos químicos que se generan por sus combinaciones en el interior del organismo humano.
De acuerdo con un cálculo preliminar, las pilas y baterías de uso domiciliario que ingresan al país superan las 45 mil toneladas anuales, con un consumo del orden de 10 por persona. Ante la falta de estadísticas sistemáticas, provisoriamente se estima que el consumo de pilas en la ciudad de Buenos Aires sería de unos 40 millones de unidades al año. Ante el incesante aumento de dispositivos portátiles y electrodomésticos en general, la ciudad sufre un sensible crecimiento de los residuos electrónicos, incluyendo pilas y baterías usadas. Debido a esta situación, el trabajo del Observatorio Ambiental destaca que es necesario, entonces, que el Estado local ponga en marcha una política pública eficiente y sustentable sobre esta importante masa de residuos peligrosos.
Asimismo, se analiza la política oficial y las normas sobre pilas y baterías usadas que se aplican en la ciudad. El marco de referencia está fijado por la Ley de Residuos Peligrosos (2214/06) y la Resolución 262/08 de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Sobre la base de este primer informe, la Defensoría del Pueblo porteña recomendará a la APRA, entre otros puntos, que las pilas y baterías usadas sean clasificadas como residuos peligrosos, que se defina como generadores a las empresas que las introducen en el mercado, y que su recepción sea obligatoria para dichas empresas, estableciéndose un sistema normatizado de almacenamiento y transporte de las mismas, el que deberá tener en cuenta su carácter de residuo peligroso.
A su vez, se propondrá a la Legislatura local que las pilas y baterías usadas sean incorporadas al Anexo I de la Ley 2214, referida al tratamiento de residuos peligrosos. Mientras que a los Ministerios de Educación y de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se les pedirá que se prohíba la recolección estos elementos en escuelas, entidades de bien público o establecimientos sanitarios, que son los últimos lugares donde deberían depositarse residuos contaminantes.
“El primer informe del Observatorio Ambiental y las iniciativas que éste promueve son un primer paso apuntando a saldar una deuda que afecta los derechos ambientales de tod@s l@s vecin@s de nuestra ciudad”, concluyó Amor.
Notas relacionadas:
