La visita se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa Mendoza, donde ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), a la Ciudad, a la Nación y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas para erradicar las viviendas emplazadas allí y garantizar una solución habitacional definitiva a quienes aún viven en el lugar.
El plan de trabajo integral propuesto por la institución y presentado al juez Sergio Torres involucra una Mesa de Seguimiento formalizada en 2015 con la participación de la Subsecretaría de Obras Pública de la Nación, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Empresa Sentra S.A, la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría y las Direcciones de Planeamiento, Obras y Espacio Público y Vivienda y Hábitat dependientes de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio público y Medio Ambiente del organismo.
Allí se acordó desarrollar un programa de reuniones quincenales interinstitucionales y/o con distintos actores y un trabajo transversal de las áreas de la propia Defensoría que confluyen en las problemáticas tratadas hasta la conclusión del proceso de construcción, puesta en valor e integración social urbana del Barrio Padre Mugica.
En su mandato ineludible como promotor de políticas públicas y articulador de recursos o instancias de gestión social urbana, la Defensoría confirma la defensa de derechos y su rol en cuanto a promover acuerdos entre la sociedad civil y el Estado.
