Tras la información anunciada por los medios de comunicación el miércoles 15 de febrero respecto a la modificación de la reglamentación de la Ley de Movilidad 26.417 adoptada por el Gobierno nacional, que implicaría una merma en los haberes de las prestaciones previsionales, la Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Maria América González, hace saber no solo su disconformidad y desacuerdo con la medida, sino que ademas, hará las gestiones que correspondan, dentro del ámbito de su competencia, para evitar que esa medida se lleve a cabo.
Toda variación debe prever una suba y no una quita en los haberes de los adultos mayores o en las demás prestaciones previsionales, teniendo en cuenta el carácter alimentario de esos haberes y que ellos constituyen un sector ampliamente vulnerable de la sociedad, sobre todo dado el alto índice inflacionario actual.
«Por eso, solicitamos en forma inmediata la debida información por parte de las autoridades explicando las razones, los alcances y los datos sobre los porcentaje en los aumentos de los haberes jubilatorios y asignaciones familiares.
La única información que contamos desde las autoridades nacionales con poder de decisión, es que se esta evaluando la medida anunciada. Por ende, requerimos revean tan desacertada medida y que finalmente los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares cobren lo que por derecho les corresponde», subrayó González.
